ECONOMÍA
Filas interminables de agricultores en zonas rurales, jóvenes desempleados llenando formularios, transportistas buscando compensaciones y un creciente ruido político en medio de campañas.
Esta ha sido la postal que ha marcado gran parte de 2025 en Ecuador, un año donde el Gobierno ha abierto la billetera como pocas veces antes, con la creación de ocho nuevos bonos que suman más de USD 755 millones en transferencias directas.
Entre enero y septiembre de este año, el Ejecutivo, liderado por Daniel Noboa, ha creado ocho nuevas transferencias monetarias, dirigidas a grupos como campesinos, emprendedores, migrantes retornados y transportistas.
En total, solo estas ayudas suman USD 755 millones, y elevan el gasto general en bonos sociales a más de USD 2.441 millones. A primera vista, la política de bonos parece una apuesta por mitigar el impacto de medidas impopulares, como la eliminación del subsidio al diésel, o amortiguar el golpe de fenómenos como el Temporal Climático Adverso, que devastó cultivos en zonas agrícolas.
Uno de los ejemplos más visibles es el Bono Raíces, una transferencia única de USD 1.000 para pequeños agricultores. Solo en sus primeras semanas, este programa generó largas filas y una demanda masiva en zonas rurales.
Hasta septiembre, ya se han desembolsado USD 81 millones, el 81% del presupuesto asignado. Sin embargo, expertos advierten que dar dinero no es, por sí solo, una solución estructural, de los ocho bonos creados en 2025, la mayoría no exige ningún requisito o meta social a cambio del dinero recibido.
A diferencia del clásico Bono de Desarrollo Humano, que obliga a mantener a los hijos en la escuela, las nuevas ayudas operan como “dinero de bolsillo”, sin seguimiento ni control sobre su uso. Por ejemplo, los transportistas interprovinciales están recibiendo hasta USD 1.800 mensuales por seis meses como compensación por la eliminación del subsidio al diésel.
Pero no están obligados a usar esos fondos en combustible ni en mejoras del servicio. La creación masiva de bonos coincidió con el primer trimestre de 2025, justo en plena campaña electoral.
Programas como Jóvenes en Acción (USD 400 por tres meses a cambio de pasantías) o Reactívate, Incentívate Emprendedor (USD 1.000 para pequeños negocios) fueron lanzados cuando el país aún sufría apagones de hasta 14 horas y el malestar social crecía.
Tras las elecciones, lejos de reducirse, la estrategia continuó: se anunció el Bono de Chatarrización (hasta USD 23.000 para renovar vehículos), se reactivó el plan Jóvenes en Acción, y se mantuvieron los pagos mensuales a transportistas.
Según el Ministerio de Finanzas, las tres medidas de compensación anunciadas en septiembre (Raíces, Chatarrización y compensación al transporte) se pagarán con el dinero que el Estado “ahorrará” por eliminar el subsidio al diésel.
El cálculo es simple en el papel: el Gobierno espera ahorrar USD 424 millones este año, y los nuevos bonos costarán USD 470 millones. Pero la realidad es más compleja. Aún no se detalla cómo se cubrirá la diferencia ni qué pasará si los ingresos fiscales no se concretan como se espera.
Además, algunos pagos ya comenzaron sin contar con todo el presupuesto asignado.
