JUSTICIA
El caso de los cuatro niños de Guayaquil, asesinados tras ser detenidos por una patrulla militar, continúa en las instancias judiciales, mientras sus familias analizan acudir a instancias internacionales.
El 3 de enero de 2025, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas ingresaron un recurso de apelación a la sentencia dictada el 31 de diciembre en la acción de habeas corpus solicitada por los familiares de los niños.
Con la aceptación del habeas corpus, la jueza Tanya Loor declaró su desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano. También declaró la vulneración de los derechos de los cuatro niños y ordenó medidas de reparación al Estado.
Según consta en el expediente de la Función Judicial, hay dos solicitudes del recurso de apelación. La primera está firmada por Patricio Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En su escrito, Vela sostiene que la jueza “no ha establecido, de manera clara y fundamentada, los elementos constitutivos de la desaparición forzada”.
La otra petición es firmada por Luis Enrique Bueno Echanique, como coordinador general de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa alega que la jueza no tenía competencia para determinar la ocurrencia o no de un delito y que existe una “desnaturalización” del recurso de hábeas corpus.
