Por: Sofía Cordero
Diana Salazar deja su cargo como Fiscal General del Estado tras seis años de una gestión que marcó un antes y un después en la historia del país. En un Ecuador aún marcado por el racismo y el machismo, ella no solo rompió techos de cristal, rompió con la costumbre de tener fiscales cómplices del poder, sumisos frente a la corrupción, funcionales a la narcopolítica. Nos demostró que sí es posible liderar una justicia firme, valiente y, sobre todo, digna.
Salazar heredó una institución que, tras años de ser instrumento del correísmo y sus cómplices, parecía condenada a la irrelevancia o la complicidad. Pero ella encarnó lo contrario: la justicia como acto de coraje, como deber cívico. Con cada caso emblemático que llevó adelante, nos enseñó que la impunidad no es una fatalidad, sino una decisión —y que también lo es combatirla.
Salazar deja en marcha una de las investigaciones más sensibles y decisivas para el presente del país: la que busca identificar a los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio. Un crimen político que no puede quedar impune. Es deber del Gobierno actual garantizar que esa investigación llegue a su fin, con verdad y justicia. Porque quienes ordenaron ese asesinato tienen hoy a sus operadores políticos insertos en las instituciones, moviendo hilos, socavando la democracia.
Lo más potente de su legado es haber encendido la luz sobre los vínculos entre el crimen organizado y la política ecuatoriana. Nos mostró los rostros de sus operadores, los métodos, las redes. Hoy, esos mismos actores celebran su salida y ya mueven sus piezas para tomar por asalto la Fiscalía. Lo harán con poder, con amenazas, con chantajes y con dinero manchado de sangre.
Como país, enfrentamos un desafío urgente: blindar el cargo que ella deja. Defenderlo del asedio narco, de la corrupción. El Gobierno tiene la obligación moral y política de impedir que la Fiscalía vuelva a ser guarida de mafias.
Gracias, Diana. Ahora nos toca a todos cuidar lo que sembraste.
