12.7 C
Riobamba, EC
martes, febrero 18, 2025

Hermanos acusados de robar vehículos y domicilios enfrentan juicio por asociación ilícita en Riobamba

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

JUICIO

En un giro decisivo en la lucha contra el crimen organizado en la provincia, los hermanos Jorge A. y Javier A. han sido llamados a juicio por su presunta participación en una red de robo de vehículos y domicilios en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.  El caso pone en evidencia las operaciones criminales que afectan a los habitantes de la zona, mientras subraya el esfuerzo de las autoridades por desmantelar estas estructuras delictivas.

Hermanos llamados a juicio por robo de vehículos y domicilios

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Chimborazo fue la encargada de liderar la investigación que culminó con el llamamiento a juicio de los hermanos. Durante más de cuatro meses, los fiscales trabajaron en estrecha colaboración con la Policía Judicial, recolectando pruebas y siguiendo el rastro de los acusados.

La pesquisa se centró en actividades ilícitas relacionadas con el robo de vehículos y domicilios, un delito que ha afectado gravemente a las comunidades locales. El 17 de julio de 2024, se ejecutó un operativo que involucró a diez fiscales y personal especializado, en el cual se realizaron catorce allanamientos en domicilios ubicados en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Durante la diligencia, se incautaron elementos clave para la investigación, como teléfonos celulares, dinero en efectivo y piezas de automóviles, que ahora forman parte de la evidencia presentada en el juicio. Este operativo fue un claro ejemplo de la coordinación entre las distintas entidades encargadas de la seguridad pública. Jorge A. y Javier A. fueron detenidos en el marco de esta operación y, tras su aprehensión, fueron puestos a disposición de las autoridades.

Ambos enfrentan cargos por asociación ilícita con fines de robo, un delito tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión.

El 15 de enero se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio, donde la Fiscalía presentó pruebas contundentes que detallan el modus operandi de los acusados. Entre los elementos de convicción se incluyen informes de vigilancia realizados por la Policía Judicial, así como informes periciales y testimonios de los agentes que participaron en la investigación. 

Las pruebas fueron clave para que el juez de garantías penales dictara el auto de llamamiento a juicio, ratificando las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Este caso resalta la creciente preocupación por la inseguridad en Chimborazo y Tungurahua, donde los robos a domicilios y vehículos han aumentado en los últimos años.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email