DESAPARICIONES
En la provincia de Los Ríos, familias afectadas por desapariciones forzadas han emprendido de forma autónoma una angustiosa búsqueda en zonas rurales, ante la inacción persistente del Estado. Una de las víctimas es María Fernanda Rizzo Vera, de 31 años. Fue sacada a la fuerza de su hogar, junto con su esposo Francisco Peralta, por hombres vestidos de militares el 13 de septiembre de 2024 en Puebloviejo.
Desde entonces, su madre ha recorrido morgues, hospitales, cárceles, ríos y pantanos con la esperanza de encontrar alguna pista. Testigos relatan que los presuntos uniformados fueron vistos realizando allanamientos en varias viviendas esa madrugada y que, en un caso vecino, los llevaron a la orilla de un río, donde los golpearon y torturaron antes de dejarlos abandonados.
Otro angustiante caso involucra a Justin Valverde Álava (20 años) y Maikol Castañeda (19 años), quienes desaparecieron la noche del 25 de noviembre de 2024 en el sector Mata de Cacao cuando se disponían a comprar combustible.
Testigos observaron cómo siete hombres con atuendo militar los subieron a una camioneta negra y se los llevaron; los únicos rastros hallados fueron una gorra y un zapato, junto con un frasco de un medicamento que Justin llevaba para su hermana con discapacidad.
Estas desapariciones son parte de un patrón que comenzó a hacerse visible tras el estado de excepción activo desde julio de 2024. Según el Comité Permanente por los Derechos Humanos, solo en Los Ríos se registraron al menos 20 casos sospechosos de desaparición forzada atribuida a uniformados, sin justificación aparente.
Las familias denuncian que, en lugar de recibir respuestas, les ha tocado asumir la búsqueda por sí mismas. Las autoridades como la Policía y la Fiscalía permanecen en silencio; un pedido de información enviado al Ministerio de Defensa en junio de 2025 no recibió respuesta alguna.
Además, la institución se niega a revelar la identidad de los uniformados involucrados en los operativos, alegando confidencialidad . Por su parte, la Defensoría del Pueblo, siguiendo indicaciones de la Corte Constitucional, ha reportado entre 11 y 14 alertas relacionadas con desapariciones forzadas.
No obstante, no se han registrado nuevos casos en 2025, ya que el seguimiento a los casos ocurridos en 2024 ha sido transferido a Guayaquil. /PeriodistasSinCadenas
