ASAMBLEA
Representantes de distintas entidades públicas y del sector privado manifestaron su apoyo al proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, iniciativa declarada urgente en materia económica y que actualmente se analiza en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.
Durante la sesión, Margarita Zuleta, experta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó el papel fundamental de la contratación pública en la adquisición eficiente de bienes y servicios que contribuyen a mejorar la calidad del gasto estatal.
Subrayó que las compras públicas son un mecanismo clave para fomentar la formalización empresarial, generar nuevas oportunidades y elevar la calidad de vida de la población. Por su parte, Julio Martínez, ministro del Trabajo subrogante, señaló que la propuesta busca una transformación profunda de los procesos de contratación pública, orientando hacia una gestión ágil, eficiente y basada en resultados.
Afirmó que la optimización de la administración pública fortalece las instituciones y garantiza servicios transparentes y oportunos para los ciudadanos. Además, enfatizó la importancia del talento humano capacitado y comprometido con los objetivos institucionales, y anunció que su cartera evaluará semestralmente el desempeño interno tomando en cuenta indicadores de eficiencia, resultados y calidad del servicio, incluyendo la contratación pública.
Desde el sector privado, Patricia Carrillo, especialista en contratación pública, resaltó que la ley debe enfocarse no solo en el ahorro económico, sino también en garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Advirtió que priorizar únicamente el menor precio puede generar deficiencias y errores en los procesos.
Además, propuso simplificar los tipos de contratación y derogar normativas secundarias innecesarias para facilitar la aplicación de la ley.El Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador también expresó su respaldo. Fabricio Villavicencio, presidente de la entidad, hizo énfasis en la necesidad de impulsar la transparencia, evaluar la gestión y actualizar las plataformas tecnológicas involucradas en los procesos de contratación pública.
Su colega, Carlos Mora, consideró que aunque la propuesta es prometedora, requiere ajustes y aclaraciones para fortalecer el principio de calidad, fundamental para asegurar que los proveedores entreguen bienes y servicios que beneficien a la sociedad.
Durante el debate, los funcionarios respondieron a preguntas sobre la inclusión de pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación, ejemplos exitosos en América Latina que puedan servir de referencia y la forma en que se garantizará la actualización periódica del sistema para lograr un impacto efectivo en la gestión pública.
