SOCIAL
El Frente Nacional por un Nuevo IESS, conformado por jubilados de nueve provincias del país, anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia del Biess.
Según los denunciantes, la normativa aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de septiembre de 2025 vulnera la seguridad social al permitir que se usen los activos de los afiliados como garantía de endeudamiento.
La reforma autoriza al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) a realizar operaciones financieras con entidades nacionales o internacionales para obtener liquidez inmediata. Para hacerlo, podrá pignorar parte de su portafolio de inversiones, lo que significa que créditos hipotecarios o bonos del Estado servirán como garantía de los préstamos.
De acuerdo con el análisis de los jubilados, si el Biess no cumple con sus obligaciones, los acreedores podrían quedarse con los créditos hipotecarios respaldados por los afiliados. En la práctica, los pagos que actualmente se destinan a fortalecer el fondo de pensiones irían directamente a los bancos prestamistas, reduciendo los ingresos de la institución.
Henry Yánez, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, advierte que esta medida no solo compromete el patrimonio del banco, sino que además obligaría a endeudarse a altas tasas de interés, cuyo costo recaería finalmente sobre jubilados y asegurados. “Es un golpe fuerte para el IESS y un retroceso en materia de seguridad social”, expresó.
El colectivo sostiene que la disposición contradice el artículo 372 de la Constitución, que establece que ninguna institución del Estado puede disponer de los fondos y reservas de la seguridad social ni menoscabar su patrimonio. Con estos argumentos, los jubilados preparan una demanda que será presentada apenas la ley se publique en el Registro Oficial.
La polémica reforma abre un nuevo capítulo en el debate sobre la sostenibilidad del IESS, en momentos en que el sistema ya enfrenta críticas por su fragilidad financiera. Para los jubilados, más que una solución, esta ley representa un riesgo que podría agravar la crisis de la seguridad social en el Ecuador.
