SENTENCIA
La corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano quedó nuevamente al descubierto. Tres exfuncionarios, incluidos dos jueces y un policía, admitieron su participación en una red criminal que facilitaba la liberación de peligrosos delincuentes. En una audiencia de procedimiento abreviado, Jorge Eduardo A. Z., Franklin Edmundo T. P. y Marco Patricio C. C. aceptaron su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, sumándose a una lista de condenados que ya asciende a doce.

Jorge Eduardo A. Z., exjuez de Garantías Penales de Santo Domingo, recibió una condena de 44 meses de prisión tras aceptar que, a cambio de dinero, facilitó la liberación de tres sicarios del grupo delictivo “Los Lobos”, liderado por Fabricio Colón P. S.
Además, deberá pagar una multa de 5.520 dólares y una reparación integral de 71.040 dólares. Por su parte, Franklin Edmundo T. P., exjuez de Pasaje, también fue sentenciado por emitir garantías jurisdiccionales ilegales que beneficiaron a privados de libertad.
Su condena es de 36 meses de prisión, con una multa de 5.520 dólares y una reparación de 41.040 dólares. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo documentos, registros de transferencias bancarias y testimonios que confirmaron la participación de ambos exjueces en la estructura criminal.
Marco Patricio C. C., policía en funciones al momento de los hechos, también admitió su culpabilidad. Su condena es de 44 meses de prisión, junto con una multa de 5.520 dólares y una reparación de 11.040 dólares.
Según la investigación, este uniformado se benefició de una medida constitucional gestionada por Cristian R. M., un abogado prófugo de la justicia y uno de los cabecillas de la organización criminal. Gracias a esta maniobra, el policía logró reincorporarse a la institución, pese a sus vínculos con el crimen organizado.
El juez de la Corte Nacional que lleva el caso ordenó, además de las penas de prisión y las sanciones económicas, la publicación de la sentencia en la web del Consejo de la Judicatura y su difusión en un medio de comunicación de alcance nacional. También se impuso la obligación de ofrecer disculpas públicas como parte de la reparación inmaterial.