SEGURIDAD
La Corte Constitucional del Ecuador sacudió el tablero político al declarar inconstitucional el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en seis provincias, incluyendo a Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar y Azuay.
La medida, anunciada originalmente el 16 de septiembre tras los primeros cierres viales y protestas por la eliminación del subsidio al diésel, buscaba mantener el orden, pero ahora queda sin efecto en gran parte del país.
El decreto adicional del 18 de septiembre que extendía la medida a Chimborazo también fue derogado por el máximo organismo judicial, lo que implica que la provincia ya no se encuentra bajo restricciones extraordinarias. Sin embargo, la Corte Constitucional mantuvo vigente el estado de excepción en Carchi e Imbabura, donde las manifestaciones continúan concentrándose y las calles siguen siendo escenario de protestas y bloqueos.
La noche del 3 de octubre, la Corte emitió un total de cinco resoluciones. Además del estado de excepción, se pronunció sobre propuestas de enmienda constitucional que el Ejecutivo pretendía incluir en la próxima consulta popular y referéndum. Entre los fallos, se aprobó que la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas pueda figurar en el plebiscito del 16 de noviembre, mientras que no se permitió incluir la interrogante sobre la enajenación de bienes inmuebles del patrimonio cultural.
La CC también rechazó los pedidos de aclaración presentados por el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República respecto a las leyes declaradas inconstitucionales el pasado 26 de septiembre: la Ley Orgánica de Integridad Pública y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.
En Chimborazo, el anuncio genera expectativa entre los actores locales y ciudadanos que, hasta ahora, habían vivido bajo las restricciones del estado de excepción. Las autoridades provinciales deberán adaptarse a la nueva realidad legal mientras se mantiene la tensión social por las demandas en torno a los subsidios y el costo de vida.
