En las democracias modernas, donde el poder se distribuye entre distintas funciones del Estado, la Corte Constitucional desde su rol a veces discreto, resulta vital para la salud de la república y la democracia. Esta corte no legisla, no ejecuta políticas públicas, ni representa al pueblo en elecciones, pero tiene una tarea más trascendental: garantizar que la Constitución sea respetada por todos, sin excepción.
La importancia de la Corte Constitucional radica en que actúa como el árbitro supremo del orden democrático. Su función principal es controlar que las leyes, decretos, resoluciones y acciones de las autoridades públicas se ajusten a la Constitución, sobre la cual descansa todo el sistema jurídico e institucional de un país.
En una época donde los populismos —de derecha e izquierda— intentan con frecuencia modificar las reglas del juego para concentrar poder, la Corte Constitucional se convierte en el último bastión frente al autoritarismo. Su independencia y rigor jurídico no solo evitan que el poder político vulnere los derechos fundamentales, sino que también preservan el equilibrio entre los poderes del Estado.
Además, la Corte cumple un rol decisivo en la protección de los derechos humanos y de las minorías, incluso cuando estos derechos no son populares o políticamente convenientes. Esa defensa de principios superiores, como la dignidad humana, la libertad de expresión o el derecho a la igualdad, es lo que da sentido profundo a su existencia, porque es una institución que proteja los principios que dan contenido real a la democracia.
Por otro lado, sus sentencias no solo resuelven conflictos legales; marcan directrices para todo el aparato judicial y para la ciudadanía, generando un efecto pedagógico sobre el sentido y alcance de la Constitución. Gracias a ello, muchas veces se avanza en el reconocimiento de derechos o en la corrección de omisiones históricas que los poderes políticos han dejado de lado.
Sin embargo, la Corte Constitucional también enfrenta desafíos: la politización de sus magistrados, la presión mediática o el descrédito promovido por sectores que ven en ella un obstáculo a sus intereses. Por eso, su legitimidad depende de su independencia, transparencia y compromiso con los valores constitucionales, no con agendas partidistas.
En definitiva, la Corte Constitucional no es solo un actor jurídico; es una institución democrática por excelencia, cuyo verdadero poder reside en su capacidad de decir “no” cuando todos los demás dicen “sí”. En ese gesto de firmeza jurídica y ética, radica su valor más profundo. ¿Se puede decir lo mismo en las actuales circunstancias políticas que vive el país?
