Por: Joselo Andrade
Ahora que la Corte Constitucional se encuentra en medio del fuego cruzado, tanto por parte del Ejecutivo, como por gran parte de la población, cabe preguntarse, ¿si la causa de todas las molestias es realmente de la Corte, o más bien por definición solo está cumpliendo con su cometido?
Empecemos por confesar que no soy partidario de esta Corte en particular, y que además considero en extremo nefastas gran parte de sus decisiones. Dicho esto, cabe recordar lo siguiente: por diseño, a la Corte Constitucional le corresponde proteger la “Constitución”; por algo se llama Corte Constitucional.
Pueden no gustarnos sus interpretaciones, materia en extremo opinable, sobre todo tomando en consideración de que ahí donde hay dos abogados, encontramos tres opiniones, e incluso su proceder, al convertirse en un actor político claramente parcializado, lo cual es materia de otra discusión. Ya nos contarán los entendidos qué hacer para corregir este gran entuerto. Sin embargo, el gran problema de fondo no es la Corte: es la Constitución. Sí, la de Montecristi.
Nuestro problema es que a esta Corte le corresponde ser garante de la Constitución de Montecristi, y la Constitución de Montecristi es por excelencia el instrumento totalitario engendrado para poner en funcionamiento la receta ideada por Fidel Castro para América Latina. De manera tal que los socialistas del siglo XXI pudieran gobernar a perpetuidad y entronizar todo tipo de sinsentidos ideológicos propios de esa doctrina fabricante de miseria.
Por tanto, si cambiamos el “instrumento a proteger”, a la Corte Constitucional le corresponderá garantizar algo muy distinto de lo que hoy defiende, o dice defender. El problema es la Constitución, me ratifico. No nos agradan sus fallos (en general) porque son, al menos en teoría, coherentes con algo que no merece ser defendido: la porquería esa que trajo a tierra ecuatoriana la doctrina totalitaria socialista.
Para terminar, esto no necesariamente implica ir hacia una Asamblea Constituyente (aunque no se descarta), pero sí castrar por los mecanismos que sean necesarios a la Constitución actual, de manera tal que deje de ser lo que es. Una vez alterado “el documento a proteger”, la cosa pintará distinto. Bien dicen por ahí, que muerto el perro, se acabó la rabia.
Seguimos conversando.
