Articulo de Opinión Por. Ab. Patricio Acosta Jara
Bien conocido es que todos los ecuatorianos financiamos a los partidos políticos y a los políticos, hasta cuándo?, sin embargo miramos con impavidez y sin el menor análisis que hay más del 30% de niños con desnutrición crónica, especialmente en la zonas rurales de todo el país y por el contrario vemos a políticos muy bien alimentados, si no obesos y no nos conduele esta realidad, pudiendo convertirse en una estafa alimentaria.
Por otro lado estamos confirmando cada vez con mayor certeza, que ya aparecieron los vacunadores políticos, es decir aquellos que usufructuando del solo hecho de disponer de un número de li sta o partido político aprobado (nadie sabe cómo por el CNE), hoy ven la gran oportunidad cual mercaderes de baja calaña de sorprender a todo ciudadana (o) ecuatoriano que tenga deseos de participar en la vida política del país. Por supuesto la tarifa que quieran cobrar estos mercaderes, no será baja, porque es fácilmente colegible que estos mercaderes de la política desean arreglar sus vidas para los próximos 6 años, haciendo coincidir con las próximas elecciones del 2029, (detestable)
Esto ya no debe continuar; aprovechando este espacio de opinión quiero hacer notar de una manera sencilla desde el punto de vista constitucional, la discriminación democrática de participación que sufrimos la gran mayoría de ecuatorianos. Se debe destacar el Capítulo quinto referente a los Derechos de Participación que estipula o dispone: Art. 61.- Las ecuatorianas (os) gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser electos; 2. Participar en en asuntos de interés público; por tanto aquí está el primer articulado que se viola y coarta nuestro derecho de participación y por tanto nuestra libertad para intervenir en política.
Adicionalmente y aquí viene lo criticable que debe ser por supuesto eliminado; es el caso que de la famosa tarifa o peaje, vacuna, o como se lo pueda llamar, que imponen los dueños de los partidos o movimientos a todo aquel que quiera participar en candidatura para elección popular; el CNE por su parte mira a otro lado, ignorando a propósito tanto estos actos de extorsión partidista, como los financiamientos ocultos (Narcolavado) para campañas electorales, actos denunciados en innumerables ocasiones incluyendo en la Fiscalía, en donde también se han diluido las esperanzas de parar estos actos reñidos con la ley y hacer justicia, lo que nos hunde aún más en el lodo narco político en el que naufraga la Patria.
Posible Solución: La nueva Constitución debe incorporar la participación de las personas Independientes para luchar en iguales condiciones que los partidos políticos; también, imponer a cada candidato que quiera participar una especie de garantía, y, si no supera el 5%, pues queda para el Estado ese depósito, para la preparación política. Esto, se debería incluir en el nuevo Código de la Democracia.
