LOSEP
Ahora, las entidades públicas ya no están obligadas a reubicar ni a indemnizar automáticamente a sus empleados, dejando a miles de trabajadores a merced de recortes presupuestarios o reorganizaciones estructurales.
El 26 de junio de 2025 entró en vigencia la Ley de Integridad Pública (LIP), una reforma estructural a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) que, bajo el discurso de impulsar la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción, modifica las condiciones laborales de más de 550 mil servidores públicos en el Ecuador.
La normativa, aprobada en tiempo récord por la Asamblea Nacional y promulgada sin objeciones por el Ejecutivo, ha permitido cuestionamientos desde diversos sectores del servicio público. Mientras las autoridades aseguran que se trata de una herramienta para profesionalizar al Estado y mejorar el servicio a la ciudadanía, juristas, trabajadores y sindicatos advierten que se está legalizando una forma de precarización laboral dentro del aparato estatal.
Hasta antes de la LIP, el ingreso a la carrera administrativa se basaba en concursos de méritos y oposición. Esa modalidad garantizaba, al menos en teoría, una estabilidad laboral regulada, lo que protegía al servidor de despidos arbitrarios o influencias políticas.
Con la reforma, la permanencia deja de ser un derecho adquirido y se supedita al cumplimiento de objetivos, al rendimiento individual y a evaluaciones periódicas. Además, se eliminan claves como la reubicación obligatoria en caso de eliminación de una plaza y se abre la puerta a que cualquier cargo, incluso técnico, pueda ser declarado de libre nombramiento y remoción, figura que históricamente estuvo reservada para funcionarios de dirección.
Según la normativa, si un servidor obtiene una calificación “insuficiente”, se podrá iniciar un proceso de destitución en un plazo de cinco días. Si la calificación es “regular”, se otorgarán tres meses para mejorar, con una segunda evaluación que, de ser negativa, conllevaría la desvinculación definitiva.
Aunque esta medida pretende fomentar el buen desempeño y castigar la ineficiencia, varios expertos en derecho administrativo han advertido que no se establecen parámetros técnicos claros ni se garantiza una evaluación imparcial.
En manos equivocadas, esta reforma puede convertirse en una herramienta de persecución laboral y política”, asegura el abogado constitucionalista Pablo Dávila.
La reforma introduce el artículo 80.1 que permite iniciar un sumario administrativo por “deficiencia laboral grave”. Aunque se mantiene el principio de defensa y contradicción, los gremios alertan sobre un posible abuso de esta facultad.
Libre nombramiento, sin restricciones
Anteriormente, esta clasificación solo aplicaba a cargos de confianza, como asesores o directores. Con la nueva ley, cualquier cargo puede ser declarado como tal, lo que permite desvinculaciones sin necesidad de justificación ni proceso administrativo.
Esta decisión, rompe el principio de carrera administrativa y abre una peligrosa puerta a la politización del empleo público. La LIP también modifica el artículo 23 de la LOSEP, redefiniendo los derechos del servidor público. El ingreso a la carrera administrativa ya no otorga automáticamente estabilidad. La permanencia estará condicionada a evaluaciones y resultados.
Se elimina el derecho a la indemnización automática en caso de remoción o terminación de funciones. Se acorta el plazo de reintegro para los servidores desvinculados ilegalmente (de 5 días a 15 días), pero se condiciona ese reintegro a la “disponibilidad presupuestaria”. Ya no existe el reingreso preferente para aquellos que dejaron el cargo voluntariamente y quieren volver al mismo puesto.
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