El derecho a la salud es uno de los pilares fundamentales del bienestar social y está reconocido en la Constitución ecuatoriana como un derecho universal y garantizado por el Estado. Sin embargo, en la práctica, acceder a un servicio de salud digno y oportuno continúa siendo uno de los mayores desafíos para la población.
En los últimos años, el sistema de salud en Ecuador ha enfrentado múltiples crisis: falta de insumos, infraestructura deteriorada, demoras en citas médicas y escasez de profesionales en áreas críticas. La pandemia del COVID-19 no solo puso en evidencia estas falencias, sino que las profundizó, dejando claro que el modelo actual no es suficiente para garantizar una cobertura integral y de calidad.
A nivel estructural, el problema se explica por varios factores. La inversión pública en salud ha sido insuficiente y mal administrada. Los hospitales, especialmente en provincias y zonas rurales, carecen de equipamiento moderno y muchas veces no logran cubrir las necesidades básicas de sus comunidades.
El sistema también arrastra un problema de gestión. La burocracia y la corrupción han desviado recursos que debieron destinarse a medicamentos, equipos y programas preventivos. La salud, que debería ser un servicio eficiente y transparente, muchas veces termina convertida en un calvario de acceso para el ciudadano.
La consecuencia directa es la inequidad: quienes tienen recursos pueden acceder a clínicas privadas, mientras que la mayoría debe esperar meses por una cita en el sistema público, especialmente en el IESS. Este escenario perpetúa la desigualdad social y contradice el principio de universalidad.
La solución no es sencilla, pero es inaplazable. Se requiere una reforma integral que priorice la prevención, la atención primaria y la descentralización del sistema. Es imprescindible garantizar financiamiento estable, profesionalizar la gestión hospitalaria y combatir frontalmente la corrupción en el sector.
La salud no puede seguir tratándose como un tema secundario ni ser moneda de cambio política. Está en juego la dignidad y la vida de millones de ecuatorianos. Invertir en un sistema de salud sólido no es un gasto, es la base del desarrollo humano y del futuro del país.
En conclusión, mientras el Ecuador no asuma la salud como una prioridad real, seguirá existiendo una brecha dolorosa entre lo que dice la Constitución y lo que vive la ciudadanía en su día a día. La deuda está pendiente, y el tiempo para saldarla se agota.
