La seguridad ciudadana sigue siendo una de las principales preocupaciones de las familias ecuatorianas. No es solo un asunto de patrullas y cárceles; es un reto que involucra a toda la sociedad. Desde los barrios hasta las más altas autoridades, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo recuperamos la tranquilidad perdida?
La prevención empieza en la comunidad. Ninguna estrategia de seguridad puede tener éxito si no nace desde la comunidad. Los barrios organizados, las brigadas vecinales y las redes de apoyo ciudadano son herramientas vitales. Prevenir el delito no es únicamente un deber policial, también es un ejercicio de corresponsabilidad entre vecinos, instituciones educativas y organizaciones sociales.
El rol ineludible del Estado
La otra cara de la moneda es la respuesta estatal. Los ciudadanos esperan que el Gobierno, la Policía y el sistema judicial actúen con eficacia. Sin una presencia fuerte y coordinada, los esfuerzos comunitarios quedan limitados. La prevención debe complementarse con una justicia que funcione y con una fuerza pública capacitada, equipada y cercana a la gente.
El gran desafío está en reconstruir la confianza. Cuando los ciudadanos perciben que el delito queda en la impunidad, se genera desesperanza y hasta la tentación de hacer justicia por mano propia. Ahí radica el peligro: sin instituciones fuertes, se debilita el tejido social.
La seguridad ciudadana no puede reducirse a patrullajes ocasionales o rejas más altas en las casas. Debe concebirse como un derecho que garantiza la libertad de vivir sin miedo. Y para hacerlo realidad, hace falta sumar la voz y la acción de todos: Estado, comunidad, familia y juventud.
Finalmente, hay que decir que la seguridad no es solo la ausencia de delitos, es la presencia de confianza, convivencia y oportunidades. Ecuador necesita apostar por una política integral que combine prevención comunitaria y respuesta estatal, con el mismo objetivo: devolverle al ciudadano la paz en su vida cotidiana.
