Tener una vivienda digna es más que un sueño: es un derecho humano fundamental. Sin embargo, para miles de familias en el centro del Ecuador, este derecho se convierte en un desafío diario marcado por la falta de recursos económicos, el encarecimiento de los terrenos y la limitada oferta de soluciones habitacionales accesibles.
El primer obstáculo es el alto costo del suelo urbano. En ciudades de la Sierra central, como Riobamba, Ambato o Latacunga, la demanda ha elevado los precios de los terrenos, empujando a las familias de bajos ingresos hacia periferias sin servicios básicos, lo que aumenta las brechas de desigualdad. A esto se suma el lento acceso a créditos hipotecarios, pues los bancos exigen garantías que la mayoría de estas familias no puede cumplir.
Otro gran problema son las condiciones de habitabilidad. Muchas familias viven en casas improvisadas, con materiales precarios, techos endebles, falta de ventilación y sistemas sanitarios deficientes. Esta realidad afecta directamente la salud, la educación de los niños y la estabilidad emocional de los hogares. La vivienda no es solo un espacio físico: es la base del desarrollo familiar y comunitario.
Frente a ello, es urgente repensar las políticas de vivienda social en la región. No basta con construir casas: se necesita un enfoque integral que incluya servicios básicos, acceso a transporte, escuelas cercanas y espacios comunitarios. Además, los gobiernos locales deben liderar proyectos de urbanización planificada que permitan a las familias acceder a lotes con infraestructura mínima a precios justos.
La autogestión comunitaria también puede ser parte de la solución. Existen experiencias exitosas de cooperativas de vivienda, donde familias se organizan para acceder a terrenos, construir de manera progresiva y gestionar servicios colectivos. El Estado debería fomentar estas iniciativas con asesoría técnica, créditos blandos y subsidios dirigidos.
La vivienda digna no debe seguir siendo un privilegio para pocos, sino una garantía para todos. Resolver este desafío requiere coordinación entre gobiernos, instituciones financieras, empresas constructoras y, sobre todo, la participación activa de las comunidades. El centro del país necesita políticas que prioricen la equidad y devuelvan a las familias la esperanza de vivir en un hogar seguro, saludable y propio. Porque un techo digno no es solo cemento y ladrillo: es la base sobre la cual se construye el futuro de cada familia y, con ello, el futuro de nuestra sociedad.
