LEY
La Ley de Inteligencia está vigente, fue publicada por el Registro Oficial (RO) en el Suplemento 57 del 11 de junio 2025, un día después de que el proyecto se aprobara en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hubo críticas al contenido de esta ley, solo 77 votos lograron su aprobación. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) se suma y rechaza la ley vigente.
“Aunque se argumenta que esta normativa busca fortalecer la seguridad nacional, su contenido abre la puerta al uso político del aparato de inteligencia del Estado y debilita los principios democráticos sobre los que debe construirse toda política pública en materia de seguridad”, expone Fundamedios.
Según la Ley de Inteligencia, su objeto es establecer el marco jurídico del Sistema Nacional de Inteligencia, así como los subsistemas que lo componen para llevar a cabo las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia, para alertar y asesorar en la toma de decisiones, buscando anticipar, evitar y/o neutralizar, amenazas y riesgos, que afecten a la seguridad integral del Estado.
Pero Fundamedios tiene otra lectura: “La ley contempla la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia que proporcionará información directamente al Presidente de la República (Daniel Noboa). Su máxima autoridad tendrá rango de ministro y será nombrada por el propio Presidente, lo que concentra el poder sin controles independientes ni contrapesos democráticos”.
El artículo 47 de la Ley de Inteligencia establece que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia o su delegado podrá solicitar a sus subsistemas, a los organismos de apoyo y/o entidades públicas, información específica o datos por cualquier medio, físico o digital.
También se determina que la entidad pública requerida deberá atender lo solicitado de manera oportuna en el término máximo de dos días o en el que se establezca en la solicitud. Esto incluye entregar información clasificada./ La Hora
