ASAMBLEA
En una jornada decisiva para la provincia de Chimborazo, la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió archivar el proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos, una propuesta que durante años generó controversias y preocupaciones sobre posibles afectaciones a la soberanía territorial de varias provincias.
La decisión fue considerada un logro político y territorial para Chimborazo, especialmente para el cantón Alausí, que habría perdido alrededor de 64.000 hectáreas de su territorio –entre el 9% y 10% del total provincial– de haberse aprobado la normativa. La parroquia Achupallas era una de las más comprometidas en esta posible redistribución.
La iniciativa legislativa permaneció estancada durante casi siete años, y fue finalmente archivada tras la moción presentada por la asambleísta chimboracense Mishel Mancheno, quien argumentó que el texto mantenía “vacíos técnicos y jurídicos” que ponían en riesgo el desarrollo territorial ordenado y justo.
“Una correcta planificación territorial asegura a las comunidades el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a servicios públicos de calidad”, manifestó Mancheno durante su intervención. La legisladora recalcó la necesidad de establecer mecanismos efectivos para la actualización de límites y la resolución de conflictos entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Según datos expuestos en el debate, 13 provincias, 168 cantones y 770 parroquias del país demandan una actualización cartográfica urgente. “Son miles de familias que ven amenazada su identidad colectiva mientras enfrentan una condena al limbo jurídico”, denunció Mancheno.
Durante la sesión, otros legisladores como Manuel Casanova (Esmeraldas), Carmen Tiupul (Chimborazo) y Fabiola Sanmartín (Cañar) sumaron sus voces a favor del archivo, exponiendo las controversias limítrofes que afectan a sus respectivas provincias.
La asambleísta Carmen Tiupul advirtió que el conflicto limítrofe entre Chimborazo y la provincia del Cañar, vigente desde hace más de una década, se habría profundizado de haberse aprobado la cuestionada ley.
Según explicó, el proyecto se basaba en 3.422 coordenadas geográficas desactualizadas, algunas con más de siete años de antigüedad, lo que representaba una amenaza directa para la parroquia Achupallas, una de las más extensas del cantón Alausí.
“El 63% de la parroquia Achupallas estaba en riesgo si se consideraban esas coordenadas. ¿Qué significa este 63%? Una pérdida territorial irreversible para Chimborazo”, alertó Tiupul, enfatizando la gravedad de la posible afectación.
Chimborazo podría haber perdido del 9 al 10% del total del territorio provincial, especialmente de la parroquia Achupallas.
Asambleísta del correísmo se abstuvo
La votación no estuvo exenta de tensiones políticas. La asambleísta correísta Patricia Núñez se abstuvo de votar por el archivo, una postura que generó duros cuestionamientos por parte de sus colegas de la bancada oficialista ADN.
Keevin Gallardo y Mishel Mancheno, quienes votaron a favor del archivo, expresaron su indignación ante la actitud evasiva. “Tuvimos una votación importante que comprometía los intereses de la provincia.
Preguntemos a quienes no votan: ¿Por qué lo hicieron? ¿Están negociando con la provincia? ¿Tienen intereses particulares?”, indicó Gallardo. Mancheno también fue enfática al dirigirse a los votantes: “Lo que no es válido es no saber dar resultados a la gente que confió en ustedes”.
Ambos legisladores coincidieron en que ahora es la ciudadanía quien debe tomar la posta y fiscalizar el accionar de sus representantes. En un llamado al escrutinio ciudadano, insistieron en que las decisiones legislativas deben responder a los intereses del pueblo y no a conveniencias políticas.
El archivo de esta ley marca un hito en la lucha por la justicia territorial en Ecuador, pero también pone en evidencia la urgencia de contar con una legislación clara, técnicamente sólida y con respaldo ciudadano que permita resolver los numerosos conflictos de límites que afectan al país.
