MANIFESTACIONES
La noche del 29 de septiembre se convirtió en un hecho de repercusión nacional: cuatro de los 17 militares retenidos en Cotacachi fueron liberados tras permanecer bajo custodia de comuneros durante casi un día.
El lugar de entrega, la iglesia San Francisco de Cotacachi, fue testigo de un operativo que combinó tensión, protocolo legal y un momento de alivio para las familias de los uniformados. Los comuneros encapuchados que devolvieron a los militares mantuvieron su anonimato, mientras el comisario municipal, Martín Proaño, supervisaba los procedimientos legales y los exámenes médicos a los uniformados antes de su retorno a la institución.
El domingo 28 de septiembre, durante una de las jornadas más intensas del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 17 militares fueron retenidos en el sector de Pinsaquí, en Cotacachi. Según reportes oficiales, durante su detención los uniformados sufrieron agresiones físicas y daños a su vestimenta y equipo, lo que motivó que el Ejército del Ecuador presentara una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por presunto secuestro.
Este episodio ocurre en un contexto de creciente malestar social. Desde el 21 de septiembre, Ecuador enfrenta movilizaciones lideradas por la CONAIE en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de $1.80 a $2.80 por galón. La medida impactó principalmente a transportistas, agricultores y comunidades rurales que dependen del combustible para sus actividades cotidianas. Durante las protestas, la violencia escaló: el comunero indígena Efraín Fuerez murió tras recibir un disparo en Cotacachi, hecho que desató indignación y recrudeció las tensiones entre comunidades y fuerzas del orden.
El Gobierno respondió decretando el estado de excepción en seis provincias, incluyendo Cotacachi e Imbabura, con el fin de mantener el orden y la seguridad, y ha mantenido una postura firme, calificando la retención de los militares como un ataque directo a la autoridad del Estado y responsabilizando a la CONAIE.
Por su parte, la organización indígena ha rechazado las acusaciones de secuestro y extorsión, asegurando que sus movilizaciones son una expresión legítima de descontento ante políticas que afectan directamente a las comunidades rurales.
Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, ha denunciado la represión gubernamental y solicitado una mesa de diálogo para encontrar soluciones, además de expresar preocupación por las muertes ocurridas durante las protestas. El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, confirmó el inicio de conversaciones directas entre el Gobierno y representantes indígenas, aunque hasta ahora no se han alcanzado acuerdos sustanciales.
El paro nacional de 2025 no surge de manera aislada. Ecuador ha sido escenario de múltiples protestas indígenas a lo largo de su historia reciente, relacionadas con políticas económicas, extractivismo y derechos sociales. Mientras tanto, los otros 13 militares retenidos permanecen bajo custodia de los manifestantes, sin información sobre su situación, aumentando la tensión y la incertidumbre en el país.
