POLÍTICA
La candidata a la Presidencia de Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, criticó la prohibición de votar con el celular en la mano dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la segunda vuelta de las elecciones, a petición del Gobierno del mandatario y candidato a la reelección, Daniel Noboa.
“Prohibieron el uso del celular en las elecciones, pero, ¿por qué no lo prohíben en las cárceles, desde donde comandan la violencia que sufrimos en las calles? Allí quisiéramos que prohíba el uso de los celulares este Gobierno”, dijo durante un evento de campaña en Santo Domingo.
Según la Policía, los presos ordenan asesinatos u otros crímenes y realizan llamadas extorsivas desde el interior de las cárceles. Sin embargo, hace unos días el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que tendría una reunión con las operadoras de telefonía móvil con el fin de “llegar a un acuerdo para que se acabe la señal en los centros penitenciarios”.
González añadió que el Gobierno de Noboa prefiere “reprimir al pueblo que reprimir a los criminales”. “Qué temerán o qué tendrán”, cuestionó la candidata, quien agregó que la droga sale del país “en cajas de banano”, en alusión a las empresas de la familia del mandatario.
El pasado 3 de abril, la Corte Constitucional de Ecuador validó la prohibición del uso de teléfonos al desestimar parcialmente la demanda de inconstitucionalidad presentada contra esta disposición al señalar que es legal únicamente desde el momento en que el elector recibe la papeleta hasta que la deposita en la urna.
Esta prohibición fue instaurada para la segunda vuelta por el CNE a demanda del Gobierno, después de que Noboa asegurara, sin aportar prueba alguna, que los votantes habían sido amenazados en algunas zonas del país por bandas criminales para que votaran a favor de González, lo que supuestamente debían demostrar con una fotografía de su voto tomada con el teléfono móvil.
Así, el tribunal constitucional ecuatoriano resolvió que esta medida, que contempla una sanción de hasta casi USD 33.000, “constituye una garantía del elector para que se preserve el carácter secreto de su voto, así como una garantía a la integridad del proceso electoral para todas las organizaciones políticas participantes”.
