Por: José Alvear C.
Hace casi dos años denuncié ante la Fiscalía y la Contraloría un caso concreto de corrupción en el sector energético: la compra con sobreprecio de generadores para la central Quevedo II por parte de Celec. El costo superaba los 500 mil dólares por megavatio, en un contrato direccionado bajo la figura de emergencia. Lo advertí entonces y lo repito ahora: esta “emergencia” fue fabricada. Y sus consecuencias —apagones, pérdidas económicas y contratos inútiles— hoy las sufre todo el Ecuador.
Mis denuncias no se limitaron al sobreprecio. Señalé directamente como presunto responsable a Gonzalo Uquillas, entonces gerente general de Celec, por avalar decisiones técnicas y contractuales lesivas al interés público. Vinculé también a Fabián Calero, quien en ese momento ocupaba una alta función ejecutiva en Celec, y cuya actuación es hoy objeto de allanamientos e investigaciones dentro del llamado Caso Apagón.
Los hechos me dieron la razón. La Contraloría notificó hallazgos graves en los contratos firmados con Progen, y la Fiscalía ejecutó más de 17 allanamientos, incluyendo a exfuncionarios de Celec y allegados a la anterior administración. El informe técnico reveló que los equipos adquiridos eran obsoletos, fueron alterados o simplemente no entregados conforme al contrato. Aun así, se pagaron millones de dólares sin verificación. La empresa ha sido demandada por estafa.
A esto se suma otra alerta que también hice pública: la contratación irregular de una barcaza para generación eléctrica que zarpó hacia Ecuador seis días antes de que se publique el concurso público. Cuestioné ese proceso y lo denuncié públicamente. Ese contrato también debería ser parte de las investigaciones abiertas. A pesar de los hechos, las máximas autoridades del Ministerio de Energía en ese momento optaron por el silencio institucional en vez de actuar con transparencia.
Yo hice las denuncias cuando nadie más se atrevía. Advertí los apagones. Documenté los contratos. Señalé a los actores. Y no he dejado de exigir verdad.
Pero mi voz no basta. Esta lucha es de todos. Por eso hoy me dirijo a ti, ciudadano: no normalices el silencio ni la impunidad. Cada contrato fraudulento es una hora menos de luz para tu casa, tu negocio, tu escuela. Cada funcionario que firma sin control compromete nuestro futuro.
El Ecuador necesita energía limpia, sí… pero no solo en su generación eléctrica. La necesita también en sus instituciones públicas.
Solo con transparencia, justicia y memoria colectiva saldremos de la oscuridad.