Es evidente que la relación entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no está en el mejor momento y, al parecer, se tensa cada día más, a raíz del movimiento de lo que se ha dado en llamar Octubre Negro cuando el pueblo ecuatoriano miró desconcertado cómo un sector de los manifestantes se tomaba pozos petroleros, dejaba sin agua potable a miles de conciudadanos de una urbe, asaltaba fincas, incendiaba la Contraloría, privaba de la señal abierta de televisión, tumbaba árboles, cerraba vías, obligaba a cerrar los negocios, sacaba adoquines de la calles, rompía ventanales y parabrisas, se impedía el trabajo periodístico y se dedicaba al pillaje de casas particulares y un largo etcétera.
El diálogo que se abrió la noche del 13 octubre entre el Gobierno y los líderes de la Conaie con la presencia de la Iglesia y el representante de ONU, determinó la suspensión de la medida de hecho en medio de la expectativa nacional. Y hasta la fecha, ese diálogo está en suspenso. Y las dos fuerzas antagónicas están trabajando políticas en territorio.
En este contexto, se entiende los desplazamientos del Vicepresidente de la República a ciertas comunidades indígenas. Y en este contexto de la estrategia política gubernamental también se inscribiría el nombramiento de Mariano Curicama como Subsecretario de Riego y Drenaje de SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua). Porque, al fin y al cabo, primero como alcalde de Guamote y luego como prefecto de Chimborazo durante 14 años podría tener cierta influencia, especialmente, en el sector indígena de la Provincia, tan necesaria para neutralizar la capacidad de convocatoria de la Conaie. ¿Acaso no es parte de esa estrategia, la visita y el abrazo entre Iván Granda, titular del MIES con el prefecto del Azuay, Yacu Pérez Guartambel? Por supuesto, que el Gobierno y la Conaie tienen derecho a hacer lo suyo en el marco de la democracia y respeto a la Constitución y las leyes.
El Gobierno, del que Curicama pasa a ser parte, debe tener pleno conocimiento que sobre él pesan dos procesos investigativos por los presuntos delitos de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y testaferrismo; más allá de que mientras la justicia no demuestre su culpabilidad sigue siendo inocente y eso le permite ejercer cualquier cargo público.
