MARCHA
Miles de personas de distintas provincias se congregaron este 12 de agosto, en el centro-norte de Quito para participar en la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente varios artículos de tres leyes impulsadas por su gobierno.
La movilización, calificada por el Ejecutivo como “una defensa ciudadana a la seguridad, la paz y el trabajo”, se trataba de una respuesta directa a la Corte y una demostración de fuerza política a pocas semanas de que el organismo deba calificar las siete preguntas de la consulta popular planteada por Noboa, entre ellas, la que propone la posibilidad de someter a juicio político a sus jueces.
El pasado 6 de agosto, la Corte Constitucional admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad contra las tres leyes y decidió suspender temporalmente 24 artículos de su contenido. La decisión se justificó bajo el argumento de evitar posibles vulneraciones de derechos mientras se analiza de fondo la validez de las normativas.
Estas leyes, defendidas por el gobierno como herramientas para combatir al crimen organizado y la corrupción, fueron aprobadas en la Asamblea Nacional con mayoría oficialista. Sin embargo, diversos sectores sociales y jurídicos argumentaron que algunos de sus artículos podrían abrir la puerta a abusos de poder y violaciones de libertades ciudadanas.
“No permitiremos que quienes se oponen al trabajo, la seguridad y la paz nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, la corrupción y la pobreza”, manifestó Noboa días antes.
La avenida Velasco Ibarra, el sector del Coliseo General Rumiñahui y la avenida Patria fueron los puntos de encuentro para los manifestantes. Varios buses interprovinciales llegaron con simpatizantes del gobierno, procedentes de Manabí, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y, de forma particularmente destacada, Chimborazo.
La gobernadora de esta provincia, María José del Pozo, encabezó una caravana compuesta por más de una docena de buses que partieron en la madrugada desde Riobamba. Portando banderas nacionales, pancartas y camisetas con mensajes de apoyo al presidente, la delegación chimboracense fue en una de las más visibles y organizadas del evento.
“Estamos aquí para respaldar las decisiones del presidente Noboa y decirle a la Corte que el pueblo quiere seguridad y orden”, declaró Del Pozo antes de iniciar la caminata.
Por otra parte la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó congestión vehicular debido a la llegada de los buses y el flujo constante de personas. La AMT implementó cierres parciales y desvíos, mientras agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo para evitar incidentes.
El presidente Daniel Noboa, vistiendo chaleco antibalas y acompañado de sus ministros, se unió a la concentración en el sector de la Caja del Seguro. Su presencia fue recibida con aplausos y gritos de respaldo.
La participación masiva de ecuatorianos, evidencia que el presidente cuenta con una base dispuesta a defender sus iniciativas en la calle.
Postura de la Corte y reacciones opositoras
El edificio de la Corte amaneció bajo resguardo militar y policial. Horas antes, la institución emitió un comunicado advirtiendo que “la protesta pacífica no puede vulnerar la seguridad, independencia y autonomía de la justicia constitucional” y alertó sobre posibles intentos de presión política.
Desde la oposición, el bloque legislativo de Revolución Ciudadana (RC) acusó al gobierno de utilizar recursos públicos para movilizar simpatizantes. “Con un historial de uso de bienes del Estado en beneficio del partido de Gobierno, ejerceremos todas las acciones de fiscalización para impedir que se destinen los recursos de los ecuatorianos a alimentar egos personales”, señaló la bancada en un comunicado.
Mientras el pulso entre el Ejecutivo y la Corte se intensifica, organizaciones como la Federación Nacional de Abogados y el Foro por la Democracia llamaron a la sensatez. Paul Ocaña, presidente de la Federación, advirtió que “ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país”, y pidió que los gremios jurídicos actúen como puentes de diálogo.
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