En la provincia de Chimborazo, 65.183 personas en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad son beneficiarias de bonos y pensiones otorgados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Esta política social ha significado una inversión que supera los 78 millones de dólares, destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos durante el actual Gobierno del Nuevo Ecuador.
Las transferencias buscan garantizar una red de protección para quienes enfrentan mayores dificultades económicas, especialmente en zonas rurales. El acceso a estos bonos se basa en la información proporcionada por la Unidad de Registro Social, una entidad que recopila datos sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares ecuatorianos.
Esta información se obtiene mediante encuestas y visitas domiciliarias y se resume en un puntaje que determina el nivel de pobreza o vulnerabilidad de cada persona o familia.
El Registro Social 2018 continúa siendo el principal instrumento para calificar a quienes pueden recibir las ayudas, aunque algunos sectores sociales han pedido su actualización por los cambios en la realidad económica del país.
Sin embargo, no todos los bonos se asignan mediante esta base de datos. Un caso particular es el del Bono Joaquín Gallegos Lara, destinado a personas con discapacidad severa.
Para acceder a este beneficio, el solicitante debe presentar una solicitud directa en el balcón de servicios del MIES, junto con documentos que certifiquen su condición, como el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública.
Posteriormente, un equipo técnico evalúa el caso y determina si cumple con los parámetros establecidos para la entrega del bono.
La directora distrital del MIES en Chimborazo, Antonella Verdezoto, recordó que el Registro Social es un requisito indispensable para acceder a la mayoría de bonos y pensiones que entrega el Estado.
Subrayó además que esta herramienta permite focalizar correctamente las ayudas y evitar irregularidades. “El puntaje que arroja nos permite saber si la persona realmente necesita el bono. Esto garantiza transparencia y equidad en la entrega”, afirmó.
