En un giro inesperado, el Ministerio de Educación anunció la anulación de la Circular Nro. MINEDUC – CGAF- 2025-00037-C, la cual había suspendido el proceso de jubilación voluntaria para docentes con más de 30 años de servicio y menos de 65 años de edad.
La decisión, comunicada inicialmente a través de las redes sociales oficiales, fue recibida con alivio por la Unión Nacional de Educadores (UNE), que ahora exige una resolución formal y por escrito para garantizar que la instrucción llegue a todas las coordinaciones zonales y direcciones distritales.
“Solicitamos a Ministerio de Educación que oficialice esta decisión para despejar la incertidumbre que se generó en el magisterio nacional”, declaró Andrés Quishpe, presidente de la UNE. La circular había provocado gran preocupación entre los maestros, quienes vieron amenazado su derecho a un retiro digno tras décadas de servicio comprometido.
Sin embargo, este retroceso del Ministerio es solo un capítulo inicial de un conflicto más amplio. La UNE y otras organizaciones sindicales y sociales, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), han denunciado que la reciente Ley Orgánica de Integridad Pública vulnera derechos fundamentales y afecta directamente a los docentes.
El FUT ya presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, vigente desde el 11 de junio, argumentando que limita la privacidad, la libertad sindical y la protección de datos personales, además de eliminar la compensación económica para la jubilación voluntaria del magisterio. “Esta ley representa un abuso de poder y un ataque frontal a los derechos laborales y sindicales”, señaló Edwin Bedoya, presidente del FUT.
En este contexto, la UNE ratificó la convocatoria a una movilización nacional para el viernes 11 de julio en Quito, con salida desde la Casa del Maestro, para exigir la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, la revisión del régimen disciplinario de la Ley de Educación Intercultural, la asignación de presupuesto para el área social y la declaratoria de emergencia del sistema educativo.
Mientras el Ministerio de Educación intenta apaciguar la crisis con la anulación de la polémica circular, el FUT prepara una nueva acción legal contra la Ley de Integridad Pública.
