CHIMBORAZO
El panorama político de la provincia de Chimborazo atraviesa un nuevo episodio de tensión institucional. El Ministerio del Trabajo confirmó que Hermel Tayupanda Cuvi, prefecto provincial, registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos, en cumplimiento de una disposición emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
De acuerdo con el certificado oficial, Tayupanda enfrenta dos causales de inhabilitación: deudas pendientes con entidades del sector público, reportadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y la suspensión temporal de sus derechos de participación política, dispuesta por el TCE tras comprobar una infracción electoral por proselitismo político.
Esta sanción conlleva la prohibición de ejercer funciones públicas por un periodo de tres meses.
La resolución judicial fue emitida luego de una audiencia realizada el pasado martes, en la que el juez Richard González Dávila dispuso que el Ministerio del Trabajo registre el impedimento en un plazo de 24 horas, orden con carácter de ejecución inmediata.
“El prefecto Hermel Tayupanda registra impedimento para desempeñar cargos públicos como consecuencia de la pérdida temporal de sus derechos de participación”, señala el documento judicial.
El TCE también instruyó que en el mismo plazo, sobre el cumplimiento de la disposición, y que en un término de 48 horas presente un informe explicando la existencia de dos certificados contradictorios emitidos el 2 de octubre: uno que acreditaba el impedimento y otro que lo negaba.
En su resolución, el juez González advirtió que el principio de igualdad no puede vulnerarse mediante la aplicación diferenciada de sanciones. “Registrar a unos sancionados con impedimento y a otros no, pese a existir iguales condiciones jurídicas, constituiría un acto de discriminación”, puntualizó.
La confirmación del impedimento generó inquietud en el Consejo Provincial de Chimborazo, donde trascendió que, en los días previos a la notificación oficial, se habrían suscrito contratos y disposiciones administrativas que podrían ser revisadas por la próxima autoridad provincial.
Expertos en derecho electoral advierten que, en caso de desacatar la resolución judicial, Tayupanda podría incurrir en desacato, lo que acarrearía responsabilidades penales. Hermel Tayupanda, quien previamente enfrentó un proceso judicial por violencia de género, deberá dejar el cargo mientras dure la suspensión dictada por el TCE.
Con esta decisión, el Ministerio del Trabajo da cumplimiento a una orden judicial firme que impide al prefecto ejercer cualquier función pública durante el tiempo establecido, marcando un precedente relevante en la aplicación de sanciones por infracciones electorales en el país.
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