Por: Alfonso Espín
Discrepar, protestar, marchar y generar resistencia pacífica, son términos válidos en el mundo democrático civilizado; pero atentar contra la seguridad y vida de las personas, vandalizar los bienes públicos y privados, impedir la movilización con el cierre de vías y carreteras, saquear comercios, tomarse comestibles y lanzarlos a quebradas, imposibilitar el paso de medicamentos y tanques de oxígeno a casas de salud, para pacientes en riesgo de muerte y más acciones de este tipo, son hechos criminales en cualquier sociedad.
En el Ecuador caminamos ya dos semanas en esta zozobra diaria, producto de un paro nacional que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, organización profundamente dividida y cuestionada por los propios pueblos indios del país, acusándola de sectaria, abusiva y corrupta, porque sus dirigentes son de “poncho dorado” y las bases, mayorías plebeyas sujetas al arbitrio de los primeros, que incluye castigos como la suspensión del líquido vital para sus comunidades, si no actúan según los designios de los líderes, generalmente vinculados con poderes oscuros y las comodidades de tipo.
Con seguridad no son campesinos comunes ni miembros de las comunidades indígenas, quienes mueven internamente a la violencia, ni tampoco los que instan a destruir las llantas de los camiones, ni la utilización de bombas molotov y explosivos que fueran incautados por las fuerzas del orden, ni los secuestros a policías y militares, ni la fabricación de armas caseras y tampoco los que presionan al cierre de los negocios, camino de la quiebra en varias ciudades del Ecuador.
En este panorama de movilizaciones, la RC5, se muestra como una banda politiquera, acostumbrada a “pescar a río revuelto”, esto es a conseguir sus mezquinos intereses, sin importarles la suerte del país, quien se ha convertido en instigadora perversa de este paro, para tratar de generar el caos nacional que permita, ojalá, derrocar al Presidente en funciones y con esto dejar impunes a sus líderes prófugos y recomponerse para sus fechorías, evidenciadas a la saciedad por el país y el mundo entero.
Las declaraciones de la excandidata a la Presidencia de la República, por esa tienda política, que ante los medios de comunicación ofreció “la ayuda que fuera necesaria” a los manifestantes, a sabiendas de las irregularidades y barbarie que están causado en contra de personas y bienes, por lo menos es irresponsable y temeraria, pero seguro puede envolver un condumio más grave que es la consecución de la anarquía y vorágine en contra del régimen y en favor de su particulares trincas, al margen del bienestar del pueblo.
La suspensión del subsidio al diésel dejó de ser el motivante de la violencia, pues claro está que era necesario ponerlo en el camino de precios reales e impedir así el contrabando, los beneficios para la minería ilegal y el narcotráfico, por lo que se vuelven preocupantes los nuevos móviles detrás de estas movilizaciones, que pueden estar para evitar la defenestración de la Constitución de Montecristi, que ha favorecido a la delincuencia de muchas maneras, sin contar que también nos afecta en plano internacional, pues los inversores extranjeros pierden el interés de colocar sus capitales en un país sumido en el desorden y la inseguridad.
Los ecuatorianos debemos tener conciencia de que lo logrado en las urnas, después de una herencia macabra de catorce años de corruptela y despilfarro, tiene que enmendarse de a poco y con el esfuerzo de todos los que hacemos el país, cualquier otra acción solamente nos descalifica como pueblo y nos pone peligrosamente en la mira de los que estando prófugos o investigados por tanto delito, quieren volver a sus tretas.
