POLÍTICA
Durante la campaña, el presidente Daniel Noboa lanzó una propuesta audaz, convocar una Asamblea Constituyente para refundar Ecuador. Su mensaje fue claro: el país necesita un nuevo comienzo, y ese comienzo debe escribirse desde cero.
Pero detrás de esa promesa de renovación hay un proceso complejo, largo y sumamente costoso. Hablar de una Constituyente no es hablar solo de ideas. Es hablar de estructuras jurídicas, plazos institucionales y, sobre todo, de dinero público.
Noboa mencionó por primera vez la idea de una nueva Constitución en diciembre de 2024, justo antes de arrancar la campaña presidencial. Desde entonces, la propuesta ha sido mencionada en discursos, pero sigue sin detalles concretos.
¿Qué se quiere cambiar? ¿Qué capítulos se reescribirían? ¿Cuándo comenzaría el proceso? El Gobierno aún no responde.
El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha dicho que el objetivo es “fortalecer” la Constitución, pero sin una propuesta clara, la palabra “refundación” suena más a eslogan que a plan.
Antes de pensar en urnas o candidatos a asambleístas, Noboa tendrá que pasar por el control de la Corte Constitucional. Este organismo debe autorizar dos cosas: primero, que la convocatoria a la Asamblea Constituyente es legal y necesaria, y luego, que la pregunta para la consulta popular es válida y no induce a una respuesta.
Según Karen Sichel, especialista en políticas públicas, la Corte revisará especialmente el método de elección de los asambleístas. “Debe ser democrático y participativo”, señala. Si la Corte da luz verde, se activa el proceso electoral.
Primero, se realiza una consulta popular para preguntar si los ecuatorianos quieren una Constituyente. Si gana el “Sí”, se convoca a elecciones para elegir a los asambleístas. Y una vez que estos redacten una nueva Constitución, habrá un tercer voto: un referendo para aprobar o rechazar el nuevo texto.
Aun con toda la voluntad política y el respaldo de la ciudadanía, el proceso sería largo. Solo organizar las tres votaciones podría tomar entre 18 y 24 meses, sin contar el trabajo interno de la Asamblea Constituyente.
En el mejor de los casos, Ecuador tendría una nueva Constitución en 2027, cuando el mandato de Noboa esté a punto de terminar (o ya haya terminado).
La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué cambiar toda la Constitución ahora? Si bien el país enfrenta desafíos graves, no está claro cuáles serían las reformas que no pueden realizarse a través de enmiendas o reformas ordinarias.
En 2007, la Constituyente de Montecristi costó alrededor de USD 200 millones. Hoy, 17 años después, los precios se han disparado. La consulta popular de 2024 convocada por Noboa costó USD 60 millones.
Con ese precedente, el costo total de una nueva Constituyente podría superar fácilmente los 250 millones de dólares. Y en un país con déficit fiscal, inseguridad y servicios públicos en crisis, ese precio puede resultar difícil de justificar.
