SEGURIDAD
Con carácter urgente y en medio de un país sacudido por la violencia, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para golpear de lleno a las economías criminales.
La propuesta, titulada Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, plantea medidas drásticas: allanamientos sin orden judicial, penas más severas para integrantes de grupos delictivos organizados (GDO) y más poder para las fuerzas de seguridad.
La iniciativa llega con el calificativo de “urgente en materia económica”, lo que obliga al Legislativo a debatirla y resolverla en un plazo no mayor a 30 días. En su exposición de motivos, el Ejecutivo justifica la urgencia con datos alarmantes: según la Dirección de Estadísticas y Economía de la Seguridad del Ministerio del Interior, entre enero y abril de los años 2022 a 2025 se ha registrado un aumento sostenido de homicidios intencionales.
Para Noboa, esto es evidencia de que las organizaciones criminales no solo controlan territorios, sino que también han infiltrado el sistema económico nacional. Uno de los ejes más duros de la propuesta es la creación de un nuevo artículo (139.1) que establece penas de entre 22 y 26 años de prisión para los miembros de grupos armados organizados durante un conflicto armado interno.
Si se trata de cabecillas o líderes, la pena sube a entre 26 y 30 años. Además, las armas, explosivos y municiones incautadas pasarán automáticamente a manos de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, según lo establece el artículo 474.5. Pero sin duda, el punto más controversial es el que plantea la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial.
El artículo 482.1 permite a las fuerzas de seguridad intervenir inmuebles usados por los GDO sin autorización previa de un juez. Solo después del procedimiento, en un plazo máximo de 24 horas, un juez especializado deberá revisar el informe de lo actuado y validar o no la legalidad del operativo.
A esto se suma el artículo 530.1, que otorga al denominado Bloque de Seguridad una estructura interinstitucional compuesta por Policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía la facultad de detener con fines investigativos a presuntos miembros de grupos delictivos por un lapso de hasta 24 horas, sin requerimiento judicial previo.
Estas detenciones serán supervisadas por fiscales especializados. Otro cambio significativo tiene que ver con la prisión preventiva. El artículo 534.1 impide que los procesados por delitos relacionados con el conflicto armado accedan a medidas sustitutivas, como arresto domiciliario o presentación periódica.
La intención, según el Gobierno, es garantizar que los acusados no se fuguen ni obstruyan los procesos judiciales. Si bien el Ejecutivo argumenta que estas medidas son necesarias para enfrentar el poderío de las mafias y restablecer el control estatal, varias voces advierten que el proyecto podría tensionar los límites constitucionales.
El proyecto también blinda a los policías que enfrenten procesos penales derivados de su actuación en el cumplimiento del deber. Con el artículo 542.1, los uniformados no podrán ser sometidos a prisión preventiva, grillete electrónico ni arresto domiciliario, y seguirán prestando servicios activos bajo supervisión.
Finalmente, se incluye un procedimiento especial para el juzgamiento de delitos cometidos en el contexto del conflicto armado interno. El artículo 651.7 propone reglas claras: jueces especializados, plazos definidos para las audiencias y la prohibición de diferirlas, con el objetivo de evitar dilaciones en casos de alto impacto.
Con la Asamblea Nacional recién posesionada, este proyecto marca uno de sus primeros grandes desafíos. La propuesta de Noboa busca mostrar firmeza frente al crimen, pero también pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad? La cuenta regresiva ya empezó.
