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La estabilidad laboral en el sector público ecuatoriano ya no está garantizada de manera automática. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública, los funcionarios deberán demostrar excelencia en su gestión para conservar sus puestos. Así lo establecen las reformas aplicadas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que fueron aprobadas por la Asamblea y publicadas en el Registro Oficial.
Las nuevas disposiciones convierten a la evaluación de desempeño en el eje central de la carrera pública. Estas evaluaciones, que antes eran anuales, pasarán a ser obligatorias, técnicas, vinculantes y semestrales para todos los servidores públicos, incluidos los de nivel jerárquico superior.
Una calificación “insuficiente” será motivo directo de destitución, mientras que obtener “satisfactorio” en tres evaluaciones consecutivas también podría llevar al cese del cargo, al considerarse una falta de mejora continua. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que este mecanismo ya estaba previsto en la normativa desde 2010, pero nunca se aplicó de manera rigurosa.
Ahora, la ley obliga a que cada institución pública implemente y publique los resultados de estas evaluaciones.Entre los cambios más relevantes, la normativa establece que la estabilidad laboral solo se mantendrá si el servidor alcanza calificaciones de “muy buena” o “excelente”. Esto también aplica para acceder a comisiones de servicio, reincorporación de migrantes al sector público y otros beneficios dentro de la carrera administrativa.
La ley además introduce la figura del sumario administrativo por “deficiencia laboral grave”, que podrá iniciarse a partir de un informe, una auditoría o a pedido de una autoridad competente. Este proceso tendrá un plazo máximo de 30 días para su resolución.
Otros cambios incluyen la obligatoriedad de una declaración de conflictos de interés y la realización de pruebas de confianza periódicas para ingresar o permanecer en el sector público. Asimismo, las contrataciones ocasionales dejan de tener un límite legal, quedando este en manos del Ejecutivo, que lo determinará mediante reglamento.
Por otra parte, la normativa elimina la posibilidad de que quienes hayan recibido indemnizaciones por salida del sector público puedan reingresar sin devolver esos montos. También se establece como prohibición expresa para ejercer cargos públicos a extranjeros residentes en Ecuador que tengan sentencias ejecutoriadas en sus países de origen.
Con esta ley, el Gobierno busca combatir la ineficiencia y la corrupción, pero también abre el debate sobre la presión y las exigencias que recaerán sobre miles de funcionarios públicos en un país donde, por años, los problemas de trámites lentos y servicios deficientes han sido una constante.
El Ministerio de Trabajo, a partir de ahora, tendrá la potestad de intervenir en cualquier institución pública si detecta incumplimientos, pudiendo aplicar medidas preventivas, correctivas o procesos de desvinculación por bajo desempeño.
La Ley de Integridad Pública representa uno de los cambios más profundos en la administración pública ecuatoriana en más de una década, alineada con la política de modernización y eficiencia impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa.
