SALUD
La creciente demanda de mascarillas en el país, motivada por recientes alertas sanitarias, ha encendido las alarmas de las autoridades de control.
Para evitar abusos en los precios y el ingreso de productos sin control técnico ni respaldo legal, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) lidera un despliegue nacional de operativos interinstitucionales en coordinación con las Intendencias de Policía y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Las inspecciones se ejecutan en farmacias, centros de distribución, mercados y locales comerciales, donde el equipo técnico de Arcsa verifica la calidad, el almacenamiento y la legalidad de las mascarillas ofrecidas al público.
Según la entidad, estos controles buscan frenar la especulación y garantizar que los productos cumplan con las normas establecidas en la ley ecuatoriana. Las mascarillas, como dispositivos médicos, deben contar con un registro sanitario vigente otorgado por la autoridad competente.
Este documento certifica que el producto ha sido evaluado técnicamente, que es seguro y que tiene trazabilidad en su proceso de importación o fabricación nacional.
Además del aspecto legal, la entidad examina las características técnicas mínimas que debe tener cada tipo de mascarilla (quirúrgica, KN95, etc.) para garantizar su función como barrera de protección frente a agentes infecciosos.
La agencia ha puesto a disposición de la ciudadanía la aplicación móvil gratuita Arcsa Móvil, donde se puede consultar el estado del registro sanitario de un producto y reportar irregularidades. Esta herramienta es clave para empoderar al consumidor y evitar el uso de mascarillas de dudosa procedencia.
Arcsa hace un llamado a no adquirir insumos médicos en la informalidad y a denunciar cualquier tipo de mascarilla que no cuente con respaldo técnico o legal. La lucha contra productos ilegales no solo protege al usuario, sino que contribuye a fortalecer el sistema sanitario nacional.
El rol de las Intendencias de Policía se centra en el control del comercio informal y el seguimiento de precios. Frente a denuncias ciudadanas por incremento injustificado en el costo de las mascarillas, los operativos también buscan sancionar la especulación.
De su lado, el SRI revisa el cumplimiento de obligaciones tributarias y la correcta emisión de facturas. De esta manera, se busca reducir el comercio ilegal y proteger al consumidor final.
Arcsa advirtió que el uso de mascarillas sin registro sanitario representa un serio riesgo para la salud pública, ya que podrían no cumplir con su función de protección o incluso estar contaminadas o mal fabricadas.
Por ello, recomendó a la ciudadanía adquirir estos productos únicamente en establecimientos autorizados y verificar que cuenten con el respectivo registro, lo que asegura su evaluación técnica y calidad.
