Por: Wellington Toapanta
Los asambleístas de ADN, Dominique Serrano y del correismo, Santiago Díaz, han sido expuestos últimamente, no por trabajo legislativo ni fiscalizador, sino porque el primero fue sorprendido trazando historias gráficas, mientras el segundo por denuncia de violación a una menor de edad.
Lo de Serrano evoca “distracciones” de experimentados políticos en la historia parlamentaria, pero maximizado por moralistas y “especialistas” que solo polemizan sobre edad y formación académica mínimas, mientras por lo de Díaz, como Pilatos, el correísmo exhibió tarjeta roja.
Si el certificado de hiperactividad de Serrano es real, la misión de ADN era apuntalar su capacitación; el hiperactivo es ser especial, con potencial multidisciplinario. Estudiante de Derecho y Gastronomía, por el trabajo de su madre se habría asociado a la política.
De Díaz los tarjeteros sabían bien quién era: “mano derecha” de su líder, operador de la temida Secretaría Nacional de Inteligencia, Senain, “hombre fuerte” en RC, procurador de su presidenciable Andrés Arauz, encajado en laberintos de los casos Metástasis, Ligados, ¿predecible para sinuosos ‘gustos’ humanos?
Quizá los moralistas subvaloraron su eventual caso neuroconductual, lo empapelaron frustraron un posible proyecto político para servir a la sociedad, no para servirse de ella como sugiere el del sindicado penal. Los casos han develado las superficies de estructuras con presencia solo desde espacios de poder político, no desde niveles organizacionales.
Como la Epmaps esquiva responsabilidades en la crisis de agua potable en el sur de Quito, en eso caen ADN, Revolución Ciudadana, Código de la Democracia, Constitución del 2008, no solo en los casos Serrano, Díaz; ¿organizaciones políticas?, no, por ausencia de transparente organización, militancia real, formación, capacitación, gestión pública. Urgen recambios constitucionales y legales profundos, porque no remediará el parche constitucional que se discute.
