MOVILIZACIÓN
El 7 de agosto, Riobamba se convirtió en el escenario de una movilización que reflejó el malestar de diversos sectores de la sociedad ante las decisiones del gobierno de Daniel Noboa. Organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles se dieron cita en el Centro Agrícola de Riobamba, conocido como La Giralda Plaza, para participar en una marcha que exigió mejoras en áreas esenciales como salud, educación, seguridad y derechos laborales.
La jornada de protesta se desarrolló con el claro objetivo de rechazar las políticas públicas del Ejecutivo, que desde su llegada al poder han sido objeto de críticas en distintos sectores de la población.
La convocatoria, que se había hecho pública a través de redes sociales y medios alternativos, reunió a manifestantes, quienes se sumaron al clamor de organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Chimborazo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y el Frente Popular.
Además, los gremios estudiantiles como la FEUE, FESE y FENAPE también se hicieron presentes, la marcha, que comenzó en horas de la tarde, se desarrolló de manera pacífica, las principales reivindicaciones de los manifestantes fueron claras y contundentes. En primer lugar, la defensa de la educación y la salud públicas fue uno de los ejes centrales de la protesta.
Los organizadores expresaron su preocupación por las políticas de austeridad que, según ellos, ponen en riesgo el acceso a servicios esenciales para la población más vulnerable. Además, se rechazó enfáticamente la eliminación de ministerios clave como el de Cultura y el de la Mujer, a quienes los manifestantes consideran fundamentales para la protección de los derechos culturales y de género.
Otro de los puntos álgidos de la movilización fue la oposición al despido de más de 5.000 trabajadores del sector público, una medida que ha generado una gran indignación entre los sindicatos y las organizaciones sociales.
La protesta también incluyó un fuerte rechazo a lo que calificaron como intentos de intervención en la Corte Constitucional, y pidieron la defensa de la independencia de este organismo, que ha jugado un papel crucial en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
La movilización en Riobamba fue más que una simple manifestación de descontento: fue un llamado a la unidad de diversos sectores sociales que exigen ser escuchados y tomados en cuenta en la toma de decisiones del Gobierno.
Aunque la marcha se llevó a cabo en un ambiente pacífico, los mensajes de los manifestantes fueron claros y firmes. Se reclamó un cambio en las políticas gubernamentales, con un énfasis en la necesidad de fortalecer el Estado de bienestar y garantizar los derechos fundamentales de los ecuatorianos.
Los organizadores de la protesta afirmaron que esta movilización es solo una de muchas que se seguirán realizando en todo el país si el Gobierno no rectifica su rumbo. Aseguran que la protesta tiene un carácter nacional y que, aunque cada vez más ciudadanos se suman a la causa, el Ejecutivo ha mostrado una total indiferencia ante los reclamos sociales.
De esta manera, la movilización de Riobamba se erige como un hito en el ciclo de protestas que podría tener repercusiones más amplias si no se llega a un acuerdo que permita restablecer el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil.
