POLÍTICA
La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional recibió el lunes 2 de junio los aportes técnicos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ) respecto al proyecto de Ley Económica Urgente de Solidaridad Nacional. La iniciativa busca debilitar las estructuras financieras de grupos de delincuencia organizada a través de herramientas legales más efectivas.
Durante su intervención, José Gabriel Terán, delegado de la CNJ, propuso ajustes al articulado del proyecto con el fin de garantizar el respeto al derecho a la libertad individual. Asimismo, resaltó la importancia de establecer de manera clara los tipos de bienes que podrían ser donados por el sector privado a las instituciones de seguridad para apoyar la lucha contra el crimen organizado.
Terán también sugirió incluir la exigencia de una justificación “motivada” en los decretos ejecutivos relacionados con esta normativa, asegurando así su legitimidad y control constitucional.
En representación del Consejo de la Judicatura, su presidente Mario Godoy explicó la actual estructura judicial que atiende delitos de corrupción y sugirió que estas unidades especializadas amplíen su competencia para abarcar también casos vinculados a crimen organizado. Godoy indicó que el CJ podría definir, en un plazo de 90 días, un catálogo específico de delitos para estas judicaturas.
Además, recomendó que se mantenga en manos del Consejo de la Judicatura la atribución de crear nuevas unidades judiciales distritales mediante resoluciones técnicas, como medida para evitar la sobrecarga de causas, especialmente aquellas relacionadas con el conflicto interno y la criminalidad organizada.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, valoró las propuestas presentadas y aseguró que serán analizadas detenidamente para la elaboración del informe que será sometido a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
