Por: Iván Menes Aguirre
Tal vez el pilar fundamental de la democracia es la separación e independencia de los poderes del Estado. Es, si me apuran, incluso más importante que el acceso a elecciones libres y justas —siendo este elemento absolutamente vital para un régimen democrático, desde luego—, pues el cómo se ejerce el poder es más relevante que el quién gobierna. En este sentido, es crucial que defendamos la autonomía de los órganos del Estado y que cuestionemos las presiones políticas contra, por ejemplo, los operadores de justicia… Como, verbigracia, los jueces de la Corte Constitucional, máximos defensores e interpretadores de la carta magna.
En estos días hemos sido testigos de prácticas hacia los togados que son inaceptables. La colocación de una pancarta con los rostros de los magistrados, acusándolos de “robarles la paz a los ecuatorianos” solo por suspender artículos contradictorios con la Constitución, es algo ajeno de un país donde se respeta la institucionalidad. Es, además, una estrategia para deslindar a las instancias competentes del fracaso en materia de seguridad, pues la violencia continúa galopante en nuestro país. ¿En qué democracia madura se ha visto que desde el propio oficialismo se plantee una marcha multitudinaria contra un órgano público que goza de autonomía? ¿En qué país donde impera el respeto por las instituciones se formula que el máximo tribunal nacional esté a merced de los políticos de turno, solo por no alinearse con quienes regentan el poder? ¿Se imaginan a nuestros siempre honorables asambleístas enjuiciando a profesionales del portento jurídico de Hernán Salgado o Ramiro Ávila? El discurso de que los jueces constitucionales son “intocables” es, además, impreciso y descontextualizado: estos podrían someterse a responsabilidades penales en caso de que cometiesen un delito y son sujetos a controles disciplinarios.
Yo defiendo la democracia. Yo apoyo la independencia de los poderes y la supremacía de la Constitución y el estado de derecho. A la democracia había que defenderla cuando gobernaba Correa con un poder arrollador, y hay que defenderla ahora también. Yo no quisiera que mi país vuelva a tener una Corte cervecera, dócil con el Ejecutivo y distante de su rol legítimo: fungir como un freno ante decretos, proyectos de ley o cualquier otra disposición jurídica con visos de inconstitucionalidad. Si tanto les molesta el sometimiento de las normas a exámenes de constitucionalidad, es tan sencillo como convocar a una constituyente, refundar el país por vigesimoprimera vez y esbozar el Estado a su gusto. En ese escenario, la ciudadanía sabrá decidir sabiamente.
