Por: Iván Menes Aguirre
Unas elecciones pueden considerarse como democráticas solo si son libres, limpias y justas. Por ejemplo, el remedo de comicios que se llevaron a cabo en Venezuela el año pasado jamás pueden contemplarse como un proceso democrático, pues hubo coerción en la aprobación de las candidaturas opositoras, abusos propagandísticos por parte del régimen y, ulteriormente, un masivo e inescrupuloso fraude electoral. Regresando la vista a nuestro país, ante los acontecimientos referidos a la candidatura reeleccionista de Daniel Noboa, es imperativo que velemos y exijamos unas elecciones donde quien ejerce la presidencia se ajuste a la normativa y, sobre todo, no participe con las ventajas institucionales que otorga el poder de turno.
Sobre lo antedicho, la disyuntiva política de las últimas semanas ha girado en torno a la obligatoriedad de que el primer mandatorio solicite licencia de su cargo para efectuar su campaña. Desde el oficialismo, con el ministro de Gobierno como estandarte, se ha argumentado que para Noboa es optativo solicitar la licencia, debido a que su candidatura no computaría como una reelección al encontrarse culminando el periodo de cuatro años que empezó Guillermo Lasso en 2021. No obstante, este punto puede rebatirse con dos argumentos. Primero, Noboa no alcanzó la presidencia a través de un interinato o por una designación institucional, sino que se convirtió en jefe de Estado por elección popular, lo que configura a su candidatura actual como un intento de reelección. Segundo, e incluso más importante, el objetivo del artículo 93 del Código de la Democracia, que obliga a quienes aspiren a la reelección inmediata a solicitar licencia, es que no se utilice el cargo de autoridad para influir en las elecciones donde se participa; en otras palabras, que todos los candidatos, incluido el incumbente, pugnen en igualdad de condiciones.
La renuencia de Noboa a solicitar licencia, sumado a sus esfuerzos para impedir que la vicepresidenta Abad lo releve temporalmente, así como la inacción del CNE y el TCE, nos llevan a exigir como sociedad civil una competencia justa. Más allá de cualquier simpatía o rechazo hacia Noboa, es crucial que en un sistema democrático se respete el Estado de derecho y se garanticen elecciones sin privilegios políticos. En términos futbolísticos, para ser lúdico, es fundamental que el partido no se juegue en una cancha inclinada y que los árbitros se muestren imparciales y rigurosos ante el cometimiento de una falta. Así pues, es esencial que como país dejemos de justificar el desprecio a la normativa y que entendamos que, sin igualdad ante la ley, estamos condenados al subdesarrollo institucional.
