Concejales del cantón Palora, en Morona Santiago, han denunciado públicamente un presunto caso de peculado relacionado con la construcción del nuevo sistema de agua potable, una obra que ha costado más de 4 millones de dólares pero que, según afirman, fue recibida sin estar operativa y ha generado un grave perjuicio a la población.
La concejala Gabriela Ortiz, junto a sus colegas del Concejo Municipal, explicó que los recursos para el proyecto fueron gestionados durante la administración del exalcalde Marcelo Porras, adjudicados en el período de Luis Heras, y ejecutados bajo la actual gestión del alcalde Estalin Tzamarenda. A pesar de la inversión, la obra no está cumpliendo con los objetivos planteados y el servicio sigue siendo deficiente.
Los concejales han solicitado el respaldo del asambleísta Edwin Jarrín, quien se comprometió a impulsar las investigaciones necesarias ante la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. “Debe revelarse quiénes son los responsables y establecerse las sanciones correspondientes”, declaró Jarrín.
Por su parte, el comité de veeduría ciudadana, encabezado por Kléver Matute, denunció que se ha “engañado al pueblo”. Según relató, en lugar de operar un sistema nuevo y eficiente, se realizó una conexión improvisada desde el antiguo sistema para aumentar el caudal, manteniendo la distribución de agua contaminada.
El concejal Galo Varas añadió que las obras de captación, planta de tratamiento y distribución no cumplen con las especificaciones técnicas previstas. En lugar de entregar entre 25 y 27 litros de agua por segundo, como se planteó en los diseños, el sistema apenas alcanza los 15 litros/segundo.
A estas denuncias se sumó Alcívar Guevara, integrante de la veeduría, quien afirmó que una de las tres captaciones previstas nunca fue construida. Además, se habría utilizado una tubería de menor diámetro en un tramo de 800 metros, y en lugar de represas de hormigón armado se habrían instalado muros de gaviones, lo que compromete la durabilidad y eficiencia del sistema.
Las autoridades locales y la ciudadanía exigen transparencia y sanciones ejemplares si se comprueba corrupción en esta obra emblemática, que debía garantizar un derecho básico como el acceso al agua potable en uno de los cantones más productivos de la Amazonía ecuatoriana.
