Según ´ la Comisión Cívica Anticorrupción, al menos, 24.742 millones de dólares fueron utilizados para actividades ilícitas, durante la gestión de la década del correísmo. Este dato aproximado, “porque la cifra real es prácticamente imposible de obtener”, incluirían coimas, sobreprecios, irregularidades en la exportación de crudo, la importación de derivados y aumentos en el gasto corriente. Sin embargo, según la misma fuente, el monto real puede ser mayor. En esto coinciden, grosso modo, el Colegio de Economistas de Pichincha y un excontralor del Estado; en otras palabras, la corrupción se habría llevado el 49,5 %. de la inversión pública; esto es, casi la mitad de lo empleado en la construcción de carreteras, hidroeléctricas, escuelas y centros médicos.
Pero si la precisión de los datos o las cifras reales son prácticamente imposible de obtener, mayor dificultad habría en la recuperación del dinero, por cuanto la Asamblea no dio luz verde a leyes como la de Extinción de Dominio que habría permitido recuperar algo de lo perdido. Además de que el gobierno de Correa eliminó el requisito de un examen previo para la contratación de obras públicas, restó atribuciones a la Contraloría y hasta se hizo cambios en el Código Penal. Así los casos sobornos 2012-2016 tampoco merecieron atención de los honorables asambleístas.
Es digno de reflexionar sobre lo que significó el levantamiento indígena y el paro de este mes. Si toda esa fuerza combativa se hubiese direccionado para frenar el latrocinio de los “sinvergüenzas que se han llevado la patria…” según expresión del presidente Moreno, el país no se encontraría en la situación actual, sobre endeudado y con alarmantes niveles de déficit fiscal y, por supuesto, no habría sido necesario el tan polémico Decreto 883 que desencadenó la protesta social y la consecuente crisis que le puso a la República a punto de provocar el derrumbe de la democracia y la institucionalidad por los actos extremistas y vandálicos que hasta aquí, según datos oficiales, han dejado un saldo de 6 fallecidos, 1507 heridos, 1330 aprehendidos, sin contar los perjuicios económicos en los diversos campos de la actividad humana a nivel nacional.