PARRICIDIO
El silencio nocturno del barrio La Roldós, al norte de Quito, fue roto por un crimen que estremeció a la comunidad.
La madrugada del 17 de diciembre de 2024, una mujer de 60 años perdió la vida de manera brutal a manos de su propio hijo, un joven de 25 años que, tras cometer el parricidio, intentó quitarse la vida.
Ángel Darío Ll. C. había tenido una discusión con su madre, según las declaraciones de su hermano mayor, la tensión entre ambos era frecuente, por los problemas mentales de Ángel y su lucha con el consumo de drogas. Vecinos del sector describieron al joven como una persona conflictiva, que había estado bajo tratamiento psiquiátrico.
Todo comenzó cuando un amigo de Ángel llegó a su casa y lo encontró en la cocina, herido en el cuello y el tórax. El joven, visiblemente alterado y bajo los efectos de sustancias, confesó que había intentado suicidarse. Alarmado, su amigo llamó al ECU 9-1-1. Mientras tanto, la hermana de Ángel, preocupada por el paradero de su madre, notó que la puerta del dormitorio estaba cerrada con candado.
Al forzarla, se enfrentó a una escena desgarradora, su madre sin vida, con el cuerpo marcado por más de sesenta puñaladas en el rostro, el torso y los brazos. En medio del caos, mientras los paramédicos estabilizaban a Ángel para trasladarlo al hospital, él pronunció unas palabras “Yo fui, lo hice para estar juntos en el cielo”. La crudeza de su confesión reveló la magnitud de la tragedia que había sacudido a esta familia.
Desde el hospital donde se encuentra internado, Ángel participó virtualmente en la audiencia de calificación de flagrancia. El parricidio de La Roldós es un recordatorio de las grietas que pueden fracturar los lazos familiares y de la urgencia de fortalecer los sistemas de apoyo social y psicológico.
La Fiscalía presentó pruebas contundentes que lo señalan como el autor del asesinato de su madre. Entre los elementos de convicción están las declaraciones de testigos, el hallazgo del arma homicida y la autopsia que confirma la causa de muerte.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de 26 a 30 años de prisión, según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Mientras la justicia sigue su curso, queda la esperanza de que este caso sirva para prevenir futuras tragedias similares.
