ECONOMÍA
Durante la séptima sesión extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Amazonía, se aprobó la asignación de cerca de 68 millones de dólares del Fondo Común Amazónico para financiar 26 nuevos proyectos en las seis provincias de la región.
Aunque la noticia representa un avance en términos de inversión para la Amazonía, la distribución de los recursos ha generado críticas y cuestionamientos, especialmente desde Pastaza, una de las provincias menos beneficiadas.
Según lo aprobado, Pastaza recibirá 8 millones de dólares, es decir, apenas el 11,76% del total, distribuidos en tres proyectos específicos:
Asfaltado de la vía Nuevo Mera – 24 de Mayo: $3’358.449
Asfaltado hacia el balneario Río Piatúa – San Rafael y ramal a Jandiayacu (Santa Clara): $1’090.300
Vía Kumay – San José (parroquia Simón Bolívar): $2’908.210
En contraste, otras provincias amazónicas recibieron montos significativamente mayores:
Morona Santiago: $20’430.325 (28%); Orellana: $16’394.920 (23,5%); Zamora Chinchipe: cerca de $10 millones (14,7%); Napo: $8’807.604 (12,9%); y Sucumbíos: $4’815.880 (5,8%).
El Consejo de Planificación señaló que la distribución responde a criterios de “priorización de proyectos”, sin embargo, el informe no detalla los indicadores técnicos utilizados para dicha selección. Esta falta de claridad ha generado preocupación en sectores sociales, políticos y ciudadanos, que demandan transparencia y equidad en el uso de los fondos públicos.
Actores locales en Pastaza consideran que la provincia debería haber recibido una asignación mayor, tomando en cuenta sus necesidades insatisfechas, bajos niveles de desarrollo y los impactos ambientales derivados de la actividad petrolera. Algunos incluso advierten que la distribución podría estar influenciada por criterios políticos, más que por un análisis técnico riguroso.
Ante esta situación, se ha abierto un debate regional sobre la necesidad de revisar y reformar los mecanismos de asignación del Fondo Común Amazónico, de manera que se garantice una distribución más justa y basada en criterios de equidad territorial, remediación ambiental y desarrollo integral.
