EDITORIAL
Latinobarómetro al medir la corrupción en América Latina, consultó si “se puede aceptar el precio de cierto grado de corrupción en los gobiernos, siempre que se haga obra en el país”. Los resultados de este sondeo continental fueron sorprendentes. Más de la mitad de la población de países como República Dominicana (65%), Nicaragua (59%), Honduras (56%) y Panamá (52%), respondió que no le importa, siempre que se haga obra. Según estas estadísticas, al Ecuador (47 %) tampoco le importa.
Con este sombrío criterio, por ejemplo, en el caso del municipio de Guayaquil que tiene un presupuesto anual (2022) de 782 millones para obras y servicios públicos, si la corrupción se llevase solo el 10 %, significaría que 78 millones irían a parar a los bolsillos de los corruptos. Y en el caso de los municipios del centro del país, (Ambato con un presupuesto anual de 159 millones, Latacunga con 150 y Riobamba con 113´650.847 dólares) la “mordida”, como dicen los mejicanos, sería más de 40 millones ¿Si aplicamos la teoría del 10 % por comisión, cuál sería el monto que se habría llevado la corrupción del presupuesto estatal que en la década correísta llegó a centenares de miles de millones de dólares? Solo como un ejemplo minúsculo está lo que reveló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ODEBRECH pagó USD 33,5 millones. en sobornos a funcionarios del Gobierno del Ecuador para asegurarse contratos de obras públicas. Por su parte, el exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), que está en prisión, expuso detalles de cómo funcionaba la red de corrupción y presentó ante los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. el organigrama de la “gran estructura criminal” del gobierno del que formó parte.
Lamentablemente, hay permisividad e indiferencia de la población frente a esta lacra social entronizada en nuestros países con gobiernos de izquierda o derecha y en los gobiernos seccionales con efectos devastadores en la moral pública, en la educación y formación de las nuevas generaciones, en la lucha contra la pobreza, en los sistemas democráticos, en la defensa y respeto de los derechos humanos fundamentales. Las próximas elecciones abre un espacio democrático para frenar, atenuar esta descomposición enraizada en nuestra clase política.
