ACCIONES
Un creciente malestar se ha generado en la opinión pública de la provincia de Pastaza debido a los contenidos difundidos por un comunicador digital autodenominado periodista, quien utiliza sus plataformas y redes sociales para emitir frecuentes críticas hacia autoridades locales y ciudadanos.
Diversos actores han cuestionado la veracidad y el tono de sus publicaciones, que en algunos casos han sido calificadas como ofensivas y calumniosas.
El comunicador en cuestión, cuya identidad ha sido ampliamente discutida en medios locales, se presenta como periodista a pesar de no contar con el título universitario exigido por la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista. Según fuentes, su formación es de nivel tecnológico, lo que no lo habilita legalmente para ejercer con ese título profesional.
Uno de los principales aludidos, Danilo Andrade, secretario del Concejo Municipal de Pastaza, manifestó en el noticiero La Locomotora de Radio Aventura que se encuentra analizando la posibilidad de presentar una demanda legal.
Andrade argumenta que fue víctima de un reportaje que dañó su imagen personal y profesional, el cual, según él, fue publicado en represalia tras haber ganado un proceso judicial contra el comunicador.
Por su parte, el conductor del noticiero, Roberto Jiménez, también señaló sentirse afectado por el contenido difundido, calificándolo como “descontextualizado, malintencionado y miserable”. Afirmó que las publicaciones han traspasado los límites del respeto y la ética, afectando no solo a los aludidos sino también a la institucionalidad local.
Durante su intervención, Andrade denunció que el comunicador, a quien se refirió como Capibara, recibiría auspicios del Gobierno Provincial de Pastaza, al tiempo que mantiene una actitud confrontativa hacia autoridades municipales. Esto —señaló— constituye una aparente contradicción y afecta la imagen institucional.
Adicionalmente, Andrade anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría General del Estado contra un funcionario del Consejo Provincial, quien pese a haber sido declarado judicialmente insolvente y mantener una deuda con él, continúa en funciones.
