DECLARACIÓN
El eco de los disparos que intentaron silenciar a Daniel Salcedo en Riobamba, aún resuena en las paredes de la política ecuatoriana. Esta vez, no solo se trata de una figura vinculada a la corrupción hospitalaria, sino de un sobreviviente que acusa directamente a la misma red que según él, financió el asesinato de Fernando Villavicencio.
“Mi atentado se da por el cochino dinero que se usó para matar a Fernando Villavicencio y que también se usa para pagar por mi cabeza”, afirmó Salcedo el jueves 17 de julio, durante su explosiva comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, desde donde reveló que por asesinarlo en la cárcel de Riobamba se habrían ofrecido $ 300.000.
La declaración agitó no solo a los legisladores presentes, sino a toda la opinión pública. Lo que parecía una sesión más sobre corrupción en hospitales, se transformó en una denuncia directa sobre una estructura criminal enquistada en el Estado. El intento de asesinato ocurrió semanas atrás en Riobamba, en circunstancias aún no esclarecidas.
Según relató el propio Salcedo, antes de que se ejecutaran los disparos, uno de los atacantes le lanzó una frase que heló la sangre: “Pepe te manda saludos”. La amenaza tenía destinatario y contexto. No fue un hecho aislado.
Salcedo asegura que su vida corre peligro desde que decidió romper el silencio. “A mí nadie me obligó a hablar. Vine porque quisieron matarme. Y porque sé quiénes están detrás”, dijo. Entre los nombres que mencionó: Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Pablo Mendoza, Leonardo Cortázar y Naim Massuh. Todos, según Salcedo, habrían sido parte de una red que movía millones a través de contratos amañados en hospitales públicos durante el gobierno de Lenín Moreno.
Un sistema, asegura, que también creó un fondo común para actividades ilícitas, entre ellas denuncia el asesinato de Villavicencio. Salcedo no es un personaje menor. Ha sido sentenciado en cinco casos de corrupción y su figura ha estado envuelta en escándalos que combinan negocios, política y farándula.
Pero esta vez compareció como testigo protegido. “Sé que mi cabeza tiene precio”, repitió varias veces. Su rostro, visiblemente alterado, fue escoltado por un operativo de seguridad inusual en la Asamblea. A pesar de estar detenido en la Cárcel 4 de Quito, pidió expresamente comparecer ante la Comisión.
Según dijo, su motivación fue el atentado y el temor de que pronto le ocurra “algo peor”. Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, fue tajante tras la intervención. “Por razones de seguridad, el señor Salcedo no puede quedarse más tiempo”. La sesión fue clausurada de forma abrupta.
El testimonio de Salcedo expone con crudeza el funcionamiento interno de una maquinaria que según sus palabras “hizo del sistema de salud pública un banco clandestino”. Desde 2015, con el respaldo de unidades requirientes y técnicos cómplices, se construyó una red de contratos direccionados, adjudicaciones fantasmas y sobreprecios escandalosos.
Las ganancias, asegura, fueron millonarias: “Sólo yo llegué a acumular 15 millones de dólares trabajando con Xavier Jordán”, sostuvo. Parte de ese dinero, según denuncia, fue destinado a silenciar a quienes amenazaban la red. Fernando Villavicencio habría sido uno de ellos.
“Fernando empezó a darles duro. Y eso selló su destino”, dijo. Tras la intervención, la Fiscalía General del Estado confirmó que existen investigaciones reservadas en curso. Mientras tanto, la Asamblea enfrenta un dilema: cómo manejar una comparecencia que abre más preguntas que respuestas, y que deja en evidencia una supuesta narcopolítica con tentáculos en el sistema de salud.
