LEY
La nueva Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador el 24 de junio de 2025, introduce cambios significativos que afectan directamente a los servidores públicos, manifestó el presidente de la Asociación de empleados del GAD Municipal de Pastaza, Ángel Solís.
Según Solís, la normativa introduce cambios sustanciales que afectan directamente la estabilidad y condiciones laborales de los servidores públicos, entre ellos:
Evaluaciones semestrales obligatorias: Antes realizadas anualmente, las evaluaciones al personal público ahora serán cada seis meses y de cumplimiento obligatorio, incluyendo al personal de nivel jerárquico. Una calificación “insuficiente” obligará a una nueva evaluación a los tres meses, y si se repite el mismo resultado, el servidor podrá ser separado del cargo.
Estabilidad laboral condicionada: Con la eliminación del artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), ya no se garantiza automáticamente la estabilidad laboral. “Esto abre la puerta a despidos arbitrarios y vulnera derechos adquiridos”, advirtió Solís, citando las inquietudes de gremios sindicales.
Modificaciones en los procedimientos disciplinarios: La nueva ley transfiere la competencia de los sumarios administrativos desde el Ministerio de Trabajo hacia las unidades de talento humano de cada institución. Esta medida ha sido cuestionada por permitir que dichas unidades actúen como “juez y parte”, comprometiendo la imparcialidad en los procesos.
Solís indicó que ya se han iniciado coordinaciones con otras asociaciones de empleados municipales del país, con el fin de establecer una posición común y presentar los reclamos correspondientes. Además, denunció la falta de socialización previa de la normativa.
“Nunca se socializó esta ley con los servidores públicos ni con nuestros representantes gremiales”, afirmó.
