PAÍS
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el miércoles 6 de agosto en Daule, provincia del Guayas, que el próximo martes 12 de agosto se realizará una marcha pacífica en Quito con destino a la sede de la Corte Constitucional.
La protesta busca manifestar apoyo a tres leyes recientemente impulsadas por el Ejecutivo la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional que actualmente enfrentan demandas de inconstitucionalidad ante el tribunal y cuya vigencia parcial ha sido suspendida provisionalmente.
Durante su intervención, el mandatario expresó su descontento hacia los magistrados del tribunal, a quienes calificó como “nueve personas entronadas” que obstaculizan normas que, en su opinión, podrían brindar seguridad y estabilidad a las familias ecuatorianas.
Afirmó además que él mismo marcharé con la ciudadanía, con el propósito de “hacer sentir el verdadero poder del pueblo”.
El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Diversas organizaciones sociales, sindicales y sectores de la academia han advertido sobre posibles riesgos a la independencia judicial y han invitado al Gobierno a actuar con responsabilidad institucional.
Mientras tanto, desde el Congreso y otras entidades estatales se han expresado críticas a las decisiones judiciales, afirmando que las suspensiones representan un freno a medidas consideradas urgentes para el país.
En este contexto, también trascendió que sindicatos y colectivos laborales han preparado su propia convocatoria para reunirse frente a la Corte Constitucional en demanda de que se declare inconstitucional la totalidad de las leyes cuestionadas.
Programaron una movilización independiente para el jueves 7 de agosto, y estudian participar con máscaras para evitar represalias sindicales.
