CONDENA.
En un fallo contundente, el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo condenó a Kevin A. P., de 25 años, a diecinueve años de prisión por tráfico de drogas en alta escala, además de una multa equivalente a seiscientos salarios básicos unificados.
El ahora sentenciado también enfrenta un proceso penal adicional por su presunta participación en el intento de asesinato de Noé S., ocurrido dentro del Centro de Privación de Libertad de Riobamba.
Esta condena es el resultado de una investigación exhaustiva y un proceso judicial riguroso en el que la Fiscalía, a través de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional (Fedoti), presentó un cúmulo de pruebas irrefutables que demostraron la responsabilidad del acusado en el comercio ilegal de sustancias estupefacientes.
La historia que llevó a esta sentencia comenzó de manera aparentemente rutinaria. La tarde del 12 de diciembre de 2024, la Policía Nacional ejecutaba un operativo para recuperar una motocicleta robada en Riobamba, una acción común dentro de su trabajo diario para mantener la seguridad ciudadana. Sin embargo, la intervención pronto tomó un giro inesperado.
Mediante técnicas de investigación y con información reservada, los agentes lograron identificar un inmueble en la avenida Los Arrayanes donde se sospechaba que Kevin A. P. estaría vinculado a actividades ilícitas.
Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron lo que confirmaría las sospechas: 180 gramos de cocaína pura, además de 27 gramos de clorhidrato de cocaína, un teléfono celular y otros elementos que evidenciaban una operación de tráfico de drogas en marcha.
La detención se realizó en flagrancia, lo que fortaleció el caso y permitió que el proceso judicial avanzara con base en pruebas directas y contundentes.
Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía presentó una carpeta probatoria completa que incluyó el parte de aprehensión, informes policiales detallados, actas de verificación y pesaje de la droga, declaraciones del detenido, y otros indicios recopilados bajo estricta cadena de custodia por la Policía Antinarcóticos.
La representante de Fedoti argumentó con claridad y solidez que Kevin Andrés A. P. no solo poseía la droga, sino que estaba involucrado en la distribución y comercialización en alta escala, contribuyendo así a la expansión del consumo y la violencia vinculada al narcotráfico en la región.
El Tribunal valoró todas las evidencias y argumentos presentados, concluyendo que la responsabilidad penal del acusado estaba debidamente comprobada, y dictó una sentencia acorde a la ley, que establece penas entre 19 y 22 años para el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala, según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El caso de Kevin A. P. se complica aún más. Actualmente enfrenta un proceso adicional por presunta tentativa de asesinato contra un compañero privado de libertad, Noé S., en un incidente ocurrido el 24 de junio de 2025 dentro del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Riobamba. Este hecho grave añade una nueva dimensión a su expediente judicial y pone bajo la lupa la seguridad interna del penal.
La presunta tentativa de asesinato revela la complejidad que enfrentan las autoridades para controlar y rehabilitar a los internos en el sistema penitenciario. Muchos presos mantienen vínculos con organizaciones criminales, lo que dificulta la gestión del orden y la reinserción social. Este caso evidencia la urgente necesidad de estrategias integrales que combinen represión con prevención y programas efectivos de resocialización.
