DENUNCIA
Más de 450 productores de quinua del cantón Colta, agrupados en la Corporación Integral Solidaria Sumak Tarpuy, denunciaron una deuda de USD 135.000 por parte de las corporaciones Sumak Life y Erpe. Durante una rueda de prensa, señalaron que los pagos están pendientes desde 2020, afectando gravemente su sustento, y anunciaron la toma de acciones legales tras años de intentos fallidos de resolver la situación.

El miércoles 9 de octubre de 2024, la Corporación Integral Solidaria Sumak Tarpuy, que agrupa a más de 450 productores de quinua en Colta, realizó una rueda de prensa en el auditorio Kunuk Pogyo para exponer una deuda que consideran insostenible.
Las corporaciones Sumak Life y Erpe adeudan a los agricultores un total de USD 135.000, afectando directamente la economía de los pequeños productores, muchos de los cuales dependen de la venta de quinua como su principal fuente de ingresos. Las cantidades adeudadas van desde los USD 500 hasta los USD 7.000 por persona, según informó Beatriz Carrasco, una de las líderes de la comunidad.
Carrasco señaló que la relación con Sumak Life y Erpe comenzó hace más de 24 años, cuando las corporaciones impulsaban la producción de quinua en las comunidades a través de campañas en medios radiofónicos.

Sin embargo, desde el año 2020, los productores dejaron de recibir los pagos correspondientes, lo que ha generado una grave crisis para las familias que dependen de esta actividad. Además, Carrasco denunció que las empresas, a lo largo de los años, controlaban la producción de los campesinos, prohibiéndoles cultivar otros productos como papas, zanahorias y habas, limitando su capacidad de diversificar sus cultivos.
Baltazar Paza, presidente de la corporación Sumak Tarpuy, expresó que, tras varios intentos de diálogo infructuosos con los representantes de Sumak Life y Erpe, se ha optado por iniciar demandas legales para exigir el pago de la deuda. “Nosotros hemos intentado resolver esto de manera pacífica, pero siempre hemos sido rechazados. Ahora, nos vemos obligados a denunciar públicamente y tomar medidas legales. Esta deuda ha afectado a más de 450 familias y no podemos seguir entregando nuestro producto a quienes nos han defraudado”, explicó Paza. Los productores también hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen y eviten que estas empresas continúen operando sin cumplir con sus obligaciones, afectando a más comunidades.