Por: Sara Salazar
En Ecuador, la sangre corre más rápido que la justicia. El crimen organizado ha encontrado en los menores de edad una herramienta eficaz para ejecutar sus objetivos más brutales, matar, extorsionar, sembrar terror. ¿Por qué? Porque el sistema legal ecuatoriano les otorga un manto de impunidad disfrazado de protección de la niñez, como si portar un arma y disparar en la cabeza a sangre fría fuera un acto infantil más.
Hoy, el país enfrenta una verdad incómoda, los sicarios ya no solo tienen rostro de criminales adultos curtidos en la violencia, sino también el de adolescentes que, con total frialdad, asesinan a cambio de unas pocas monedas o bajo la promesa de ascender en una estructura narco. ¿Y qué hace el Estado? Les da tratamientos diferenciados, rebajas de penas, programas de reinserción y un sistema que, lejos de proteger a la sociedad, protege al criminal.
Esta perversa distorsión de los derechos humanos, una lectura selectiva, emotivista y progresista, ha hecho que, mientras miles de ecuatorianos viven encerrados por miedo, los verdaderos delincuentes caminen libres tras cumplir mínimas penas en centros juveniles que parecen más colegios con rejas que cárceles.
Es hora de hablar claro. Un sicario, sea menor o mayor de edad, es un asesino. Y como tal, debe enfrentar las consecuencias plenas de sus actos. ¿O acaso las balas que disparan los menores de edad matan menos? ¿Los muertos por sus manos están menos muertos y o valen menos solo porque su verdugo no ha cumplido 18 años?
No se trata de venganza, se trata de justicia. Y la justicia exige proporcionalidad, si un menor de edad es capaz de planear, ejecutar y encubrir un crimen como un adulto, debe ser juzgado como tal. De lo contrario, estaremos enviando el mensaje de que hay una carta blanca para matar antes de los 18, sabiendo que la ley lo abrazará con comprensión y reeducación.
Los privilegios legales deben estar reservados para quienes son vulnerables, no para quienes usan su supuesta vulnerabilidad como escudo para delinquir. El principio de protección al menor fue creado para protegerlos del crimen, no para que el crimen los convierta en su maquinaria letal sin consecuencias.
La reforma es urgente, deben eliminarse los beneficios procesales para menores que cometan delitos graves como asesinato, sicariato, terrorismo o secuestro. Deben ser juzgados como adultos, encarcelados como adultos y apartados de la sociedad como los peligros que son. No se trata de criminalizar a la juventud, como repiten algunos. Se trata de que la ley responda a una realidad que ya nos está desbordando.
Mientras seguimos discutiendo con los guantes del buenismo, el crimen no duerme, no duda, no perdona. Es hora de que el Estado, si aún pretende ser garante del orden, deje de ser cómplice por omisión. La justicia no puede tener edad. La sociedad no puede seguir siendo rehén del garantismo ingenuo. Y la sangre de los inocentes no puede seguir siendo el precio de nuestra cobardía legal. Porque piedad al culpable es traición al inocente.
