Centro Deportivo Olmedo, oficializó una elección que en papeles aportaría estabilidad en un torneo de ascenso exigente, ahora aparecen la controversias, vacíos legales y preguntas sin respuesta.
Días antes de que se llevaran a cabo los comicios internos, trascendió públicamente que Jaime Tamayo, entonces presidente del club, había recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada de seis meses de prisión, con boleta de captura incluida y expedida el 28 de agosto, según el artículo 177 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, todo dirigente que haya recibido sentencia condenatoria por delitos tipificados en el Código Penal debe ser suspendido de manera definitiva de sus funciones.
¿Podía Tamayo, bajo esa condición, convocar y conducir las elecciones del club? Pese a la normativa, Tamayo presidió la asamblea de manera telemática, a más de eso la jornada electoral del Olmedo se llevó con un hermetismo poco usual. Los medios de comunicación no tuvieron acceso al procedimiento, lo que impidió dar garantías de transparencia.
Al día de hoy, el proceso no ha sido oficializado. La ausencia de claridad compromete la institucionalidad del club, amenaza su estabilidad en un momento que debería ser armonioso y con enfoque en el único objetivo que le queda. El equipo está en plena disputa por el ascenso y los errores administrativos pueden traducirse en ventajas para los rivales.
