OPERATIVO
La madrugada del 20 de marzo, un mega operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía en cuatro provincias del país desmanteló una presunta red de delincuencia organizada vinculada a los atentados de enero de 2024. Las detenciones revelan la profundidad de la crisis carcelaria en Ecuador y su conexión con la violencia que ha azotado al país en los últimos años.
Un operativo simultáneo en Chimborazo, Los Ríos, Guayas y Pichincha permitió la captura de 14 presuntos delincuentes, entre ellos un objetivo de alto valor y dos de valor intermedio, todos vinculados al grupo criminal “Los Lobos”.
Entre los detenidos, nueve son reclusos señalados como responsables de los atentados que sacudieron Ecuador en enero de 2024, cuando el país enfrentó secuestros de policías, coches bomba, fugas masivas y la retención de 135 guías penitenciarios. Estos hechos llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno.
Las investigaciones han revelado que esta organización delictiva no solo participó en aquellos actos de violencia, sino que también se dedica a delitos como asesinatos, sicariatos, extorsiones, secuestros y robo de vehículos. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron un arma larga, 15 dispositivos móviles, tres computadoras, un radio de comunicación, un juego de esposas y cadenas distintivas del grupo criminal Latin Kings.
Este golpe a la delincuencia refuerza una preocupante realidad: las cárceles ecuatorianas han dejado de ser centros de rehabilitación y se han convertido en espacios desde donde los grupos criminales operan con impunidad. Documentos y teléfonos incautados en el operativo evidencian que las estructuras delictivas siguen coordinando actividades desde el encierro, desafiando el control del Estado y manteniendo el ciclo de violencia.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la persistencia de estos grupos dentro y fuera de los penales demuestra la fragilidad del sistema penitenciario. La conexión entre reclusos y delincuentes en libertad permite que las redes criminales continúen expandiéndose, lo que plantea un desafío urgente para las autoridades en la lucha por recuperar el control del territorio.
La declaratoria de conflicto armado interno por parte del gobierno de Noboa fue una medida sin precedentes, pero también objeto de críticas. La Corte Constitucional ha cuestionado la legalidad y efectividad de esta decisión, mientras que analistas consideran que la crisis requiere soluciones más allá de la militarización. El reciente operativo confirma que la lucha contra el crimen organizado es una batalla de largo aliento.
Si bien la captura de “objetivos de alto valor” es un avance, la capacidad de regeneración de estas redes delictivas sigue siendo una amenaza latente. Los ecuatorianos continúan viviendo bajo la sombra de la violencia, exigiendo seguridad y justicia. La pregunta clave es si estas detenciones marcarán el inicio de un cambio real o si, como en ocasiones anteriores, la crisis carcelaria seguirá siendo un problema cíclico sin una solución efectiva.
